Con 79 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó, por allanamiento, el dictamen que acepta las observaciones del Poder Ejecutivo recaído en la autógrafa de los proyectos que plantean modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635; y el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, sobre los alcances de la legítima defensa.
La propuesta modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, donde se indica que está exento de responsabilidad penal el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal.
“El numeral 3 también aplica al supuesto de situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros, en la que se repele razonablemente una agresión, irrupción, ingreso violento o subrepticio ilegitimo dentro del inmueble, vehículo u otro media de transporte en el que se encuentre legítimamente. También dentro de su negocio, empresa, asociación civil o lugar de trabajo o dentro de un inmueble sobre el cual ejerza la legitima propiedad o la legitima posesión con título él o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad”, se detalla en la iniciativa.
También modifica el artículo 21 del Código Penal, referido a la responsabilidad restringida, donde se indica que si la persona que repele la agresión ilegitima hubiera hecho uso de un arma de fuego inscrita legalmente a su nombre, esta será incautada dentro de las 48 horas que requiera la autoridad para las investigaciones preliminares bajo responsabilidad.
Del mismo modo, plantea la incorporación del literal d) al artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal, en donde se detalla que no precede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legitima defensa propia o de tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentencia firme condenatoria.
Durante el debate, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) señaló que la propuesta es un “escudo de protección” para los ciudadanos y una garantía de que se puede enfrentar a la delincuencia sin temer a ser considerado criminales ante una situación de riesgo.
“No podemos permitir que los héroes que arriesgan su vida por proteger a la sociedad sean tratados como burdos criminales (…) es el derecho a la legitima defensa, a vivir en paz y seguridad en el país”, dijo la legisladora.
A su turno, el parlamentario Fernando Rospigliosi (FP) indicó que el país vive una ola delincuencial que está aterrorizando a los ciudadanos y, por ello, se requiere una ley que los proteja ante los delincuentes. Su colega Juan Burgos (Podemos) señaló que muchos policías son perseguidos por la justicia por defenderse contra los delincuentes.
A fines de setiembre, el pleno del Congreso había aprobado un proyecto de ley que eximía de toda responsabilidad penal el uso letal de la fuerza en legítima defensa. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la iniciativa.
Además, el Poder Judicial y el Ministerio Público cuestionaron el proyecto, pues consideraron que podría abrir la puerta a más crímenes.
