Un año del derrame de petróleo Repsol y todavía hay restos de hidrocarburo en las playas

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Mientras tanto, las consecuencias del derrame de 11.900 barriles de petróleo siguen apareciendo. Pese a que la empresa sostiene que los muestreos fisicoquímicos e hidrobiológicos realizados en octubre a su solicitud “dan a entender que el mar y las playas accesibles estarían listas para su reactivación sin riesgo para la salud y el medio ambiente”, aún hay restos de hidrocarburos visibles.

VIDEO: TODAVÍA HAY PETRÓLEO EN LAS PLAYAS

Giuliana Becerra Celis, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Mimam), lo confirmó a El Comercio tras la evaluación realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) entre el 7 y 12 de enero. “Debido al oleaje anómalo, algunos restos de hidrocarburo han empezado a llegar a las playas. Para nosotros el problema no está resuelto, hay evidencia técnica de presencia de crudo en las playas. Hemos estado en campo, lo hemos visto”, dijo.

Este hallazgo coincide con lo que afirma José Alberto Garrido Chávez, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón: “Cada vez que la mar mueve se evidencia el petróleo cómo aflora del fondo del mar, no es cierto que las playas están limpias”. También con la de César Viera, representante de la Asociación Damnificados por el derrame de Ventanilla, (“El daño está ahí, el hidrocarburo está en la playa, cualquiera puede verlo”) y la del alcalde de Ancón, Samuel Daza, tras una visita realizada la semana pasada a las playas de su distrito.

Sobre los hallazgos recientes, Repsol respondió a este Diario que no tienen información al respecto y que espera los resultados de los monitoreos de las autoridades. “Seremos muy respetuosos de los mismos”, indicaron.

Lo cierto es que la presencia de hidrocarburos también se repite en la provincia de Huaral. Pescadores artesanales del Serpentín de Pasamayo, en Chancay, denuncian desde hace meses que en los acantilados y las playas continúan bañadas de crudo. Videos registrados el 16 de diciembre pasado a los que accedió este Diario así lo comprueban.

Sobre esta zona, Repsol señala que los acantilados, franjas costeras estrechas y peñas rocosas han sido declaradas como “inaccesible para realizar las operativos de limpieza, debido al alto riesgo de seguridad del personal”. Aquí, aseguran, “se viene realizando una estrategia diferente de limpieza, donde se captura el hidrocarburo desde el mar, a través de embarcaciones” con el apoyo de Marino Morikawa.

SIN PLAYAS NI PLAN DE REHABILITACIÓN

Los resultados de las últimas muestras recogidas por OEFA estarían listas “durante la segunda quincena de enero”, indica la viceministra. Con ello recién se podrá conocer si es posible abrir o no las 22 playas que se encuentran cerradas por la contaminación del crudo desde enero del 2022.

Para los alcaldes de Ventanilla, Ancón y Santa Rosa, distritos más cercanos a la zona del derrame, es necesario que se determine cuanto antes la situación exacta de las playas para poder reactivar la economía afectada sin dañar a la población.

“Hemos tenido dos años de pandemia con playas cerradas, un año por el derrame. Cada verano recibimos 60 mil personas, el comercio que tenemos en el balneario Costa Azul está abandonado, los sombrilleros son los más perjudicados porque viven del día de día. Estamos hablando de cuatro años sin verano”, denuncia el alcalde Ventanilla, Jhovinson Vásquez.

El burgomaestre de Ancón añade que los resultados que entregue OEFA les permitirá conocer el estado actualizado de las playas debido a que el último informe de dicho organismo, en el que identificaba el daño en 69 sitios, entre ellos las playas, data de octubre, pero fue realizado con muestras recogidas entre abril y agosto. Hasta no tener los nuevos análisis, no se sabrá si este será otro verano perdido.

En octubre pasado, OEFA también ordenó a Repsol presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) un Plan de Rehabilitación para los sitios identificados como afectados. La empresa informó a este Diario que aún lo están elaborando y esperan entregarlo antes de que venza el plazo de 12 meses que establece la ley.

La viceministra reconoce que dicho plazo es “excesivo” debido a la urgencia de tener una solución oportuna al daño ambiental. “Estamos activando mecanismos para que el plan empiece antes”, dijo.

Para entender la importancia de ese plan, Juan Carlos Riveros, Director Científico de Oceana Perú, explica que la rehabilitación busca “volver a las condiciones originales o más parecidas a lo que estaban antes del derrame”. A diferencia de los trabajos de limpieza, que tienen por objetivo retirar todo el hidrocarburo posible, la rehabilitación busca resarcir al medioambiente. “La remediación puede hacerse en semanas o meses, dependiendo de qué se utilice. Se pueden usar bacterias, métodos químicos o mecánicos para reducir el contaminante a partículas pequeñas para que otros organismos se la puedan comer”, explica.

Por ello, añade Riveros, es necesario que se actualicen los estudios y que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) evalúe el impacto en el ecosistema marino. Este Diario solicitó a Produce información sobre las muestras tomadas en octubre pasado, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

La posición de Repsol es que mientras terminen el plan de rehabilitación no necesariamente tienen que mantenerse las playas cerradas.

Responsabilidades de varios frentes

Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, sostiene que además de exigir celeridad en la reparación del daño es necesario establecer mecanismos para asegurar que las acciones, desde la empresa y el Estado, no sean catalogadas como confidenciales para garantizar la fiscalización adecuada. “El problema no solo fue la cantidad de crudo sino la falta de transparencia en la información de la respuesta inmediata de empresa y de las autoridades”, dice.

Eso también implica cambiar la capacidad del Estado, entre competencias, coordinación y fondos económicos, para reducir el impacto ante una emergencia ambiental, así como garantizar que las entidades involucradas tengan autonomía del poder de turno. “Muchas veces hay injerencia política, el cambio de autoridades involucra cambio de funcionarios”, añade. De hecho, desde que ocurrió el derrame de petróleo, el OEFA ha cambiado varias veces de presidente; el último, Johnny Marchán Peña, asumió el martes 10 de enero.

Con ella coincide, el excongresista Daniel Olivares, vicepresidente de Oceana Perú, quien añade que la actual gestión tiene la oportunidad de actualizar información científica, hacerla pública y en base a ello tomar decisiones. “Al haber un cambio de gestión entre los ministerios involucrados, Ambiente, Producción y Energía y Minas, hay una ventana de oportunidad para solucionar los problemas de coordinación entre ellos. Con información actualizada se pueden tomar decisiones”, dice.