‘Vacunagate’: Hay 861 vacunas de Sinopharm que nadie puede usar

En plena segunda ola y sin haber concluido la primera fase de vacunación para combatir el COVID-19, 861 dosis de la vacuna de Sinopharm se encuentran inmovilizadas y en custodia del Instituto Nacional de Salud (INS) como consecuencia del ‘Vacunagate’.

Del paquete de 3.200 “vacunas de emergencia” que llegaron al país, se ha indicado que 1.200 fueron a la Embajada de China, mientras que este Diario conoció que 904 fueron repartidas entre funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) y Cancillería, sus familiares, personal del ensayo e invitados; y 235 fueron destinadas a voluntarios del ensayo a los que se les aplicó el placebo. No obstante, hay un paquete que aún sigue sin ser usado.

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Según ha confirmado El Comercio, a través de una fuente del Centro de Ensayos Clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), son 803 dosis que permanecen inmovilizadas en los almacenes de esa casa de estudios y 58 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), como resultado de las intervenciones lideradas por el fiscal provincial Marco Carrasco, quien investiga el caso.

Actualmente, por disposición del Gobierno, una comisión a cargo del doctor Fernando Carbone investiga quiénes y cómo se beneficiaron los funcionarios y sus familiares con las vacunas donadas por el laboratorio chino. Este Diario le consultó al también exministro de Salud si las conclusiones de esta indagación serían determinantes para disponer el destino de este lote de 861 vacunas que aún permanece guardado, en plena emergencia sanitaria.

“Tengo una obligación con la comisión, entonces no puedo responder al respecto”, se limitó a decir.

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Una clara necesidad

El decano del Colegio de Médicos del Perú, Miguel Palacios, consideró que es de vital necesidad que las vacunas sean distribuidas. En lo que va del año, han fallecido 63 médicos, quienes están en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Desde que empezó la pandemia, la cifra total de especialistas que perdieron la vida por el virus alcanza los 329. Además, actualmente 44 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“A nosotros nos gustaría que la persona que tiene responsabilidad de levantar esa inmovilización [de las dosis] piense que hay médicos que necesitan ponerse esa vacuna. No sabemos las connotaciones legales, pero no sé si sea necesario que estén inmovilizadas en el contexto que vivimos”, declaró.

Palacios señaló que elevarán un pedido formal al Minsa para que las dosis que permanecen en los frigoríficos puedan aplicarse a personal médico y acotó que el Estado debería intervenir. “Desde el punto de vista de la defensa de los médicos, nos gustaría que se ponga a disposición y que el Minsa empiece a vacunar. Conversaremos con asesoría jurídica y pondremos de conocimiento al ministro”, dijo a este Diario.

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Posibles salidas

El expresidente del INS, Ernesto Bustamante, indicó que las dosis solo pueden ser habilitadas a través de dispositivos legales, debido a que actualmente las vacunas almacenadas sirven como material de prueba para la investigación que sigue el Ministerio Público al expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, la excanciller Elizabeth Astete, entre otros altos funcionarios.

Bustamante explicó que una posibilidad es que el Congreso apruebe una ley autorizando a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) a realizar el registro sanitario de los productos para su posterior aplicación. Antes, indicó, la entidad podría considerar inviable su distribución, en vista de que estos productos ingresaron irregularmente al país.

“El Congreso podría aprobar una ley en la que se disponga que todo producto farmacéutico que haya sido incautado y que se encuentre en escasez, mediante permiso o autorización de Digemid, pueda ser utilizado, o algo similar. Con eso se le salva la vida a la vacuna”, señaló.

Otra salida recaería en el presidente Francisco Sagasti, a través de la publicación de un Decreto de Urgencia. “Se necesitaría un dispositivo legal que solo podría salir del Congreso o un Decreto de Urgencia. Si el Gobierno quiere, el presidente Sagasti podría hacerlo”, indicó.

De no aprobarse su uso, las vacunas quedarían almacenadas mientras dure la investigación del Ministerio Público -que podría tomar largos meses- y finalmente las dosis expirarían y perderían su utilidad.

Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos de Sinopharm en Perú, no respondió nuestro pedido de entrevista.