Una semana antes de que los peruanos volvamos a las urnas para la segunda vuelta de nuestras elecciones presidenciales, Colombia tendrá su primera vuelta en busca de elegir al sucesor de Gustavo Petro al frente del país. Más de 40 millones de colombianos están llamados a votar el domingo 31 en el vecino del norte.
Tres candidatos se han encumbrado, según las encuestas, sobre el resto de postulantes desde hace ya varios meses: el senador izquierdista Iván Cepeda, perteneciente a la agrupación Pacto Histórico (en la que también milita el presidente Gustavo Petro); el abogado derechista Abelardo de la Espriella, de la agrupación Defensores de la Patria; y la senadora opositora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático.
Si ninguno de ellos tres obtiene la mayoría absoluta (50% + 1 de los votos), como parece que así ocurrirá, los dos primeros se verán las caras en una segunda vuelta el 21 de junio.
La prensa colombiana ha fustigado a estos tres candidatos por haberse negado a conceder entrevistas y a participar en debates previos a la justa electoral. Todo ello en medio de un panorama complejo en el que la inseguridad y el costo de vida asoman como las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Precisamente la manera de cómo hacer frente a los grupos armados que operan en territorio colombiano, con la violencia generalizada que desatan, es uno de los tópicos que más distancia marca en las estrategias de los candidatos en pugna.
Una corta y convenida tregua
El miércoles 20, a once días de la primera vuelta presidencial, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese el fuego de cuatro días por los comicios: del 30 de mayo al 2 de junio. Lo hizo justo después de que la Defensoría del Pueblo denunciara la masacre de seis personas -incluidos activistas de derechos humanos- en la región del Catatumbo, donde está presente el movimiento subversivo. La semana pasada, la principal disidencia de las FARC, al mando del hombre más buscado del país (Iván Mordisco), comunicó lo mismo. Son medidas que estas entidades sediciosas adoptan usualmente en los procesos electorales como cínica muestra de que buscan garantizar “el libre derecho al voto”.
Expansión de la criminalidad
Pueden ser anuncios funcionales para el proceso electoral en sí, pero claramente insuficientes para el país. Colombia atraviesa la peor ola de violencia desde que se firmara el histórico acuerdo de paz de noviembre del 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En la actualidad, hasta tres disidencias de este movimiento terrorista, que se apartaron prontamente de aquel pacto, luchan entre sí y contra el ELN por el control de vastos territorios para sus actividades ilícitas y por las rentas del narcotráfico. Y así como las candidaturas, la ciudadanía está dividida sobre cómo enfrentar a los grupos armados.
El fracaso de la paz total
El gobierno comenzó diálogos con el ELN en el 2022, pero hace un año los suspendió luego de un ataque terrorista en la frontera con Venezuela que dejó más de 100 muertos. Los postulantes a la presidencia han denunciado mensajes intimidatorios contra ellos en las redes sociales y dos miembros de la campaña de uno de los tres fueron asesinados el viernes pasado. El ELN tiene hoy presencia en más de 200 municipios colombianos, que son en total 1.100. A menos de tres meses de dejar el cargo, Gustavo Petro no ha podido desactivar el conflicto con ninguno de los grupos con los que intentó negociar y su propuesta de “paz total” se ha convertido en la mayor promesa de gobierno incumplida.
