Diputados oficialistas y aliados de derecha conservadora del Congreso de Guatemala aprobaron el martes, en pleno Día Internacional de la Mujer, una ley de Protección a la vida y la Familia que criminaliza y endurece las penas en prisión contra el aborto, estigmatiza a la comunidad LGBT y prohíbe al estado informar o educar sobre la diversidad sexual.
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Con 101 votos a favor, 8 en contra y 51 faltas, el Congreso de Guatemala aprobó la ley que contiene cambios al Código Penal en el que aumenta las penas de cinco hasta de 10 años de prisión a las mujeres que aborten. Además, amplía penas a médicos y aquellos que faciliten la interrupción del embarazo y aumenta la pena hasta 50 años de cárcel si se práctica un aborto sin consentimiento y en consecuencia la madre muere.
La diputada indígena Vicenta Gerónimo dijo que la ley viola los derechos humanos, en especial de las mujeres, sobre todo en áreas rurales donde el estado no llega ni hay infraestructura que les brinde salud.
Los diputados expusieron que los motivos para crear una ley de esta naturaleza es porque “grupos minoritarios de la sociedad proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.
Samuel Pérez, diputado opositor dijo que la ley fue aprobada por hombres a quienes no les afecta el tema del aborto y que solo demuestran que son “criminales que odian a las mujeres”.
La ley añade que otros grupos de diversidad sexual suponen “modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y la familia, los que representan una amenaza para el equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz”.
Lucrecia Hernández, diputada opositora llamó a los diputados a reflexionar sobre la iniciativa, ya que “la ley estigmatiza a las personas, discrimina y fomenta la intolerancia y el discurso y los crímenes de odio”.
El diputado Walter Felix dijo en el pleno que la ley es discriminatoria contra otros grupos sociales que existen en el país y el mundo.
La nueva ley establece que su objetivo es proteger el matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y expresión y el derecho de los padres de orientar a sus hijo en el ámbito de la sexualidad.
“Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”, dice la la ley.
La ley también prohíbe “expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”, además “se prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo”.
El diputado Armando Castillo aliado al oficialismo defendió la nueva ley y dijo que lo único que hace es proteger a “las personas heterosexuales que no tienen interés en la diversidad”.
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