La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó este lunes de la detención de la defensora de derechos humanos y jefa Anticorrupción de la organización civil Cristosal, Ruth López, por supuesto peculado.
“Este día (domingo), se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro, por el delito de peculado”, publicó la FGR en X.
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La FGR acusa a López, abogada incluida en 2024 por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes de ese año, de supuestamente participar “en la sustracción de fondos de las arcas del Estado” cuando era asistente del exfuncionario Eugenio Chicas, quien se encuentra detenido, sin detallar el monto cuestionado.
“Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus dos períodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su gestión como Magistrado y en su período como presidente del TSE”, indicó la FGR.
La Fiscalía señaló que “continuó desempeñándose como su mano derecha durante su gestión como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, mientras ocupaba el cargo de asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social”.
“Según las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Eugenio Chicas, se ha identificado su participación activa en los hechos que se le imputan”, agregó.
López ha participado en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en la presentación de avisos a la FGR para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.
En octubre pasado, participó en la solicitud a la Fiscalía para que investigue las irregularidades encontradas en la entrega de un bono por el Gobierno del presidente Nayib Bukele de 300 dólares a la población en la pandemia de la covid-19, que habría alcanzado un monto de 513 millones.
Cristosal es una de las principales organizaciones humanitarias de El Salvador que han recabado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos de personas detenidas en el marco de un régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2021, entre ellas torturas y capturas arbitrarias.
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