Los manifestantes sostienen carteles durante una protesta contra la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del metro de la Ciudad de México, en la Ciudad de México.
Los manifestantes sostienen carteles durante una protesta contra la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del metro de la Ciudad de México, en la Ciudad de México.
/ RODRIGO ARANGUA / AFP
Agencia EFE

Cientos de personas marcharon este viernes en la capital para pedir la retirada de los 6.000 efectivos de la Guardia Nacional que patrullan el metro de la ciudad, medida que el Gobierno tomó como respuesta a los últimos incidentes ocurridos en el subterráneo.

La concentración arrancó desde el Ángel de la Independencia sobre las 16.30 (22.30 GMT) y está previsto que lleguen hasta el Zócalo y el Palacio Nacional, en el centro histórico de la urbe, a lo largo de la tarde.

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La polémica por el despliegue de este cuerpo de carácter militar en el subterráneo capitalino se desató el pasado 12 de enero, cuando la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al Ejecutivo federal disponer de la Guardia Nacional en estaciones y andenes.

El detonante fueron los recientes incidentes ocurridos en el metro de la ciudad, como el choque de dos convoyes que se saldó con la muerte de una joven de 18 años y un centenar de heridos, la separación de dos vagones y múltiples cortes en el servicio, que la mandataria achacó a posibles actos de sabotaje.

Integrantes de diversas asociaciones, como la decena que componen la Red Feminista Militarista, rechazaron el despliegue militar y denunciaron que, en vez de otorgar seguridad a los usuarios del transporte público, la sensación de peligro ha aumentado.

“El despliegue de elementos (efectivos) de la Guardia Nacional para cuidar el metro, tras unas fallas que ha habido y los errores en la infraestructura, implica mayor violencia”, expuso Brenda Velázquez, de la asociación Balance AC.

Velázquez denunció la falta de información respecto a las atribuciones que van a tener los militares en sus tareas de seguridad y reclamó a Sheinbaum que dé explicaciones acerca de cómo va a solucionar los problemas en el metro.

“Haber militarizado el metro no es una buena decisión, y normalizarlo por parte de la sociedad civil es aún peor”, continuó Evelyn Sánchez, del colectivo Justicia Para Todos.

La gente protesta contra el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en las estaciones del metro de la Ciudad de México, en la Ciudad de México.
La gente protesta contra el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en las estaciones del metro de la Ciudad de México, en la Ciudad de México.
/ REUTERS/Raquel Cunha

La marcha se esperaba más numerosa y las fuerzas de seguridad de la capital habían dispuesto vallas de acero en distintos puntos críticos de la ciudad, como el mismo Ángel de la Independencia, el Palacio Nacional, el Palacio Bellas Artes y determinados comercios.

Algunos manifestantes, también usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, denunciaron que ahora sienten más inseguridad que antes de la llegada de los militares.

“Todos los días lo frecuento, y (los militares) me intimidan. Un sujeto de la Guardia Nacional se paró ante mí cerrando el paso, casi me agarra a golpes y tuve que salirme del metro”, explicó Elcy Vázquez.

Los oficiales de policía observan cómo la gente protesta contra el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en las estaciones del metro de la Ciudad de México, en la Ciudad de México.
Los oficiales de policía observan cómo la gente protesta contra el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en las estaciones del metro de la Ciudad de México, en la Ciudad de México.
/ REUTERS/Raquel Cunha

Entre los resultados que esperan obtener de esta marcha, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Edith Olivares, destacó el aumento de inversión en las instalaciones del metro, la retirada de la Guardia Nacional y lograr que decisiones como esta deban pasar primero un proceso de consulta con la ciudadanía.

El 7 de septiembre de 2022 el Senado mexicano aprobó la reforma por la que se trasladó el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional, en principio de carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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