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Quienes lideraron las protestas que sacudieron Chile en octubre del 2019 y que derivaron en su (hasta ahora) fallido proceso de reforma constitucional, se enfocaron en reemplazar lo que entendían como la “herencia económica neoliberal” de la dictadura de Augusto Pinochet. La historia ha sido repetida en innumerables foros, dentro y fuera de Chile, pero no es del todo exacta. Si bien es conocido que muchos de los cimientos económicos del despegue chileno se implementaron durante los años 70, es menos conocido que fueron en realidad los subsiguientes gobiernos democráticos, empezando por el del expresidente Patricio Aylwin en 1989, los que profundizaron las reformas a favor del libre mercado que permitieron que Chile sea el líder regional indiscutible en términos de desarrollo económico y social por las siguientes dos décadas.
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Esa es una las ideas más interesantes que trasmite Sebastián Edwards, reputado economista chileno y actual profesor en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en su nuevo libro que se podría traducir como “El Proyecto Chile: La historia de los Chicago Boys y la caída del neoliberalismo”. Edwards recuerda que Alejandro Foxley, el primer ministro de Finanzas de Aylwin, convenció a su presidente –un hombre de centroizquierda– de la necesidad de no retroceder en las reformas promercado de los años anteriores, sino más bien de mejorarlas con un rostro más social y, en algunos casos, extenderlas.
Hacia 1993, la elección de Eduardo Frei como presidente hizo suponer que –ahora sí– la era del libre mercado había culminado para Chile; lejos de ello, Frei eligió a Juan Villarzú, un destacado economista liberal, para dirigir la política económica chilena, en clara señal de que no habría un cambio de rumbo significativo. Aunque con mucho mayor énfasis en servicios y transferencias para la población más pobre, sus sucesores mantuvieron en general la misma línea económica a pesar de tratarse de gobiernos de la Concertación, un frente político de centroizquierda.
Por ejemplo, en educación, se mantuvo el esquema de vouchers para colegios privados y se estandarizaron las condiciones económicas para docentes. A mediados de los 90, de hecho, se autorizó una nueva clase de colegios privados con fines lucro. Un esquema de vouchers similar se preservó para el acceso a salud, con participación público-privada. Los gobiernos de Aylwin, Frei y Ricardo Lagos (2000-2006) continuaron con la privatización de empresas públicas: en esa década y media se vendió la aerolínea estatal, la empresa nacional de ferrocarriles, la empresa nacional de electricidad, y todas las empresas de procesamiento de agua y saneamiento. En comercio internacional, se redujeron las barreras a las importaciones y se promovió varios tratados de libre comercio. Los ejemplos siguen.
Todas estas reformas y varias más se dieron no solo en democracia, sino con gobiernos de la Concertación. Edwards llama a esto “la gran persuasión, o la decisión hecha por los nuevos equipos de políticos y economistas de centroizquierda de mantener, e incluso profundizar, las reformas promercado. Convencer a sus viejos rivales de preservar el modelo –aunque con algunos cambios– fue un triunfo importante de los Chicago Boys. Pinochet perdió la batalla electoral, pero los Chicago Boys ganaron la ‘batalla de las ideas’”. La lección es relevante para cualquier país que defiende su democracia, con alternancia de izquierda y derecha política, y a la vez desea avanzar en el tipo de reformas que generan crecimiento a largo plazo.
El estallido del 2019 demostró, sin embargo, que el sistema tenía puntos ciegos; la ‘batalla de las ideas’, en realidad, estaba lejos de ser ganada, y las reformas para seguir mejorando los servicios públicos a los ciudadanos no debían parar. En cierto sentido, los políticos chilenos se durmieron al volante. Los de aquí todavía no despiertan.