Dediqué la columna de la semana pasada a los temores que despiertan las dos opciones que participan en la segunda vuelta electoral, de la que saldrá inevitablemente nuestro próximo gobierno, nos guste o no el resultado. Intentemos ahora el ejercicio de ser optimistas.
Dediqué la columna de la semana pasada a los temores que despiertan las dos opciones que participan en la segunda vuelta electoral, de la que saldrá inevitablemente nuestro próximo gobierno, nos guste o no el resultado. Intentemos ahora el ejercicio de ser optimistas.
De ser Keiko Fujimori elegida presidenta, podría intentar apostar por ser la presidenta de la “segunda generación” de reformas estructurales. Si la década de los años noventa fue la de la primera, marcada por la estabilización y liberalización de la economía, las privatizaciones y la apertura a la gran inversión privada, los próximos años tendrían que ser los de la reforma de la administración pública, del sistema de justicia, de la reforma política, del combate a la pobreza y la inversión en capital humano, en salud y educación. Es decir, completar el “menú” de reformas de mercado y salir de una lógica de apostarlo todo a la promoción de una economía puramente “extractivista” que se impone a punta de represión. En el debate técnico pasado, se logró convocar a técnicos independientes de procedencias políticas diversas, retomando vínculos pasados que no era evidente que responderían positivamente. Esto podría expresar la voluntad de construir un gobierno más tecnocrático, no partidarizado, que podría apostar por una agenda de este tipo.
El gran problema es que la conducta de la representación parlamentaria de Fuerza Popular ha ido más bien en el sentido contrario en los últimos años. Se han promovido iniciativas más bien populistas y cortoplacistas en lo económico y el desmontaje de las pocas iniciativas reformistas intentadas en los últimos años, con lógicas muy conservadoras, por decir lo menos, sin proponer alternativas mejores. Avanzar en la dirección deseable requeriría de Keiko Fujimori un liderazgo decidido y una visión clara, capaz de imponerse a la diversidad de intereses representados en sus diputados y senadores, y sobre esa base construir las mayorías que necesita para las reformas.
De ser Roberto Sánchez electo presidente, podría intentar demostrar que un gobierno de izquierda puede ser eficaz, políticamente solvente y capaz de marcar una diferencia tangible en la calidad de vida de la población más vulnerable del país. La prioridad debería estar en plasmar iniciativas de desarrollo en los territorios más pobres del país, tanto en zonas urbanas como rurales. El esfuerzo que se requiere para esto implicaría no distraerse en otras agendas (asamblea constituyente, por ejemplo), de escasa viabilidad en el corto plazo. Si se demostrara que se puede asegurar la estabilidad del país y mejorar sustantivamente la calidad de las políticas públicas orientadas a la población más vulnerable en un plazo razonable, se podría pensar después en metas más ambiciosas, pero en el corto plazo se requiere tejer las alianzas y convocatorias necesarias para demostrar que se puede hacer una gestión de izquierda eficiente, a diferencia del gobierno de Pedro Castillo. El debate técnico pasado ha mostrado apertura a diferentes grupos y personalidades de izquierda que Sánchez requería para enfrentar ese trance.
El problema es que Sánchez construyó una organización con otros objetivos y otro perfil político, y ahora debe construir muy apresuradamente la estructura y las alianzas necesarias para gobernar. Una cosa es “criticar el modelo neoliberal” desde la oposición, sin tener ninguna responsabilidad, y otra muy diferente demostrar que se puede hacer un mejor gobierno. ¿Estará Sánchez a la altura de ese reto?
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