Bancadas y agendas informales

Por reglamento, el Congreso está obligado a aprobar su agenda al inicio de cada período anual. Si revisamos el contenido de la agenda vigente, existen poco más de diez puntos añadidos respecto al período anterior (2022-2023). El resto es un calco. A esto habría que añadirle que la mayoría de los 71 puntos anotados son ítems genéricos.

Enfrentamos una precaria realidad legislativa. La producción de proyectos de ley acumula más de 6.200 iniciativas. En promedio, se han presentado siete proyectos al día, casi el doble del promedio registrado en los últimos 20 años. Esto sugiere que la cantidad está predominando sobre la calidad.

Tras la primera legislatura de la gestión del presidente Alejandro Soto, no solo queda claro la inexistencia de una agenda definida, sino que queda demostrado que estamos en un escenario ideal para la infiltración de agendas informales que se concentran en tres rubros en particular. La más peligrosa es la de la minería ilegal, y le siguen transporte y educación. Los congresistas capturan los mayores populismos en estos sectores, pero también guardan intereses personales.

La semana pasada, revelamos en este Diario la existencia de cuatro proyectos de ley, además de una investigación fiscal, que muestran los avanzados intereses de las mafias que extraen oro ilegalmente. Los especialistas hablan de una bancada pro minería ilegal, y los nombres están sobre la mesa. Eduardo Salhuana, legislador de Alianza para el Progreso (APP), es autor de la ley que impide destruir las maquinarias de la minería ilegal y ahora tiene en cola un proyecto para que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) compre oro de la minería de pequeña escala. Salhuana no suele repetir con énfasis en cada debate que ha sido abogado de una federación de mineros. Jorge Flores Ancachi ha presentado un proyecto de ley que es aclamado por los mineros ilegales que amenazan con paralizar al país.

Además, en el 2023 dimos cuenta de seis congresistas y sus iniciativas de ley para dar luz verde a combis y taxis colectivos en todo el país. Guido Bellido acaba de anunciar que buscará la aprobación de esta fórmula en marzo. De igual manera sucede con el rubro educativo, donde, además de la reforma universitaria, en este período apuntan a desbaratar la Ley de Reforma Magisterial. Y los docentes sufren amnesia obviando que las leyes beneficiarán a sus familiares y a ellos mismos.

La agenda del Congreso debería reorganizarse y encontrar un enfoque para salvar la crisis que afronta la institución, ayudándola a darle una misión y un propósito claro que haga viable el período. Todos coincidimos en que se necesitan mejores representantes para pensar en una mejor gestión y así recuperar legitimidad parlamentaria. Teniendo en cuenta que esto no podemos cambiarlo hasta el 2026, y para sortear las aguas de la inestabilidad política, lo más inteligente sería pensar en una agenda clara y coherente, alineada con el bien común y no con los intereses personales volcados en agendas informales. Existen temas urgentes por abordar, como la mejora del marco normativo sobre la gran minería, la reforma del sistema de pensiones, la unificación del sistema de salud, y una mirada a la reforma de la descentralización y al ordenamiento de la normativa electoral. Vital es contar con menos leyes declarativas, porque existen cosas más importantes que un “día nacional del rock”.

A poco de acabar el receso parlamentario, Soto debería retornar con una agenda clara, de no más de tres puntos para los cuatro meses que le quedan de gestión. Se necesita volver a fojas cero, porque tener cada jueves una agenda con más de 60 puntos no da predictibilidad. Menos cuando se saca del sombrero temas que no están incluidos en la agenda parlamentaria (como Soto, que lanzó la idea de una iniciativa legislativa para reabrir El Frontón). Desafortunadamente, el ascenso de las agendas informales ha mermado la legitimidad del Congreso. Pero el Parlamento aún está a tiempo de crear una agenda con propósitos, si el presidente –y su Mesa Directiva– demuestran liderazgo. Una agenda con propósito es lo mínimo que podemos exigirle al Congreso, aunque sabemos que no siempre salen bien las cosas en la ejecución. Es posible que, incluso planificando, algo (o todo) salga mal, pero se debería mostrar compromiso planificando. O, al menos, hacer el intento.