El ir y venir en la normativa sobre feriados

Impulsar la productividad, optimizar los servicios públicos esenciales y regular de manera eficiente los días no laborables son algunos de los motivos que sustentan la presentación de dos proyectos de ley que buscan derogar las recientes normativas aprobadas por este Congreso, las cuales añadieron nuevos feriados al calendario laboral peruano.

Tanto el congresista Wilson Soto Palacios, del Grupo Parlamentario Acción Popular, como el congresista Eduardo Salhuana Cavides, de Alianza para el Progreso, buscan que ciertos feriados sean declarados únicamente conmemorativos y laborables tanto en el sector público como en el privado. Esta iniciativa contrasta con la reciente tendencia del Congreso hacia la creación de nuevos feriados, como la propuesta para declarar el 21 de junio como feriado en conmemoración del “Nuevo Año Andino”.

Lo preocupante de estos proyectos de ley es que provienen del mismo Congreso que, en su momento, aprobó la creación de varios nuevos feriados. Ahora, menos de dos años después de haberlos debatido, aprobado y puesto en vigencia, reconocen que fue un error y buscan revertir su decisión. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿Apenas ahora se dan cuenta del impacto negativo que la proliferación de feriados tiene en las relaciones laborales?

Esta situación no es nueva. La historia legislativa reciente nos muestra que el Congreso ya ha dado marcha atrás en normas previamente aprobadas, como ocurrió con la denominada “Ley Pulpín”, que establecía un régimen laboral especial para jóvenes, y con la ley que obligaba a los locadores de servicios a aportar a un sistema de pensiones. En ambos casos, las modificaciones fueron impulsadas por las protestas de jóvenes peruanos y los cuestionamientos de los propios locadores.

Sin perjuicio de lo señalado, surge una interrogante importante: ¿es válida esta propuesta legislativa frente al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y el carácter progresivo en su reconocimiento? Desde nuestro punto de vista, consideramos que una ley puede derogar válidamente los beneficios creados por otra norma de igual rango sin que ello implique una vulneración constitucional. No obstante, nos preocupa que los proyectos de ley mencionados no incluyan una justificación clara al respecto, lo que podría dificultar su defensa ante posibles cuestionamientos durante el debate parlamentario.

Resulta evidente pues que nuestro Congreso no elabora proyectos de ley a partir de un análisis técnico o jurídico, sino únicamente con la finalidad de generar medidas populistas o congraciarse con cierto sector económico. Se propone por el simple hecho de proponer normas, como si se tuviera que cumplir con un número de proyectos mensual por cada congresista.

Ahora bien, sin dejar de ser críticos ante este nulo análisis de nuestro Congreso en las propuestas legislativas mencionadas, resulta interesante que se ponga sobre la mesa los motivos que podrían sustentar, al menos técnicamente, estas normas.

Al respecto, y como ya se había mencionado en anteriores oportunidades, crear feriados con la justificación de la promoción del turismo o dinamizar la economía, era una justificación alejada de la realidad, más aún en un contexto social, político y económico como en el que nos encontramos (y no me refiero únicamente del contexto mundial). Por ejemplo, según declaraciones de Oscar Chávez, vocero de la Cámara de Comercio de Lima, por cada día feriado, se tiene como pérdida potencial hasta S/ 1400 millones de soles.

Llevemos estas cifras macroeconómicas a situaciones concretas. Por ejemplo, pensemos en un restaurante que necesita operar diariamente para mantenerse competitivo. Con la incorporación de nuevos feriados, este negocio se ve obligado a otorgar días pagados a su personal o, si decide mantener sus operaciones, deberá asumir el costo adicional de pagar el doble por cada trabajador que labore en esas fechas. En muchos casos, esta carga financiera puede llevar a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, a optar por soluciones informales para seguir operando. ¿A quién beneficia realmente esta normativa? Aquí es oportuno recordar que, además los feriados, el trabajador peruano tiene un día descanso semanal obligatorio, 30 días de vacaciones y mas de 25 licencias por diversos motivos.

Es importante precisar, como hemos señalado anteriormente, que este tipo de normativas no fomenta la formalización del empleo. Por el contrario, endurece las condiciones y dificulta la permanencia de las empresas en el mercado, especialmente en un entorno donde el marco legal es altamente volátil. En apenas dos años, se han sumado hasta seis nuevos feriados o descansos adicionales, lo que representa una carga significativa para el sector productivo. ¿Comprenden realmente nuestros congresistas el concepto de seguridad jurídica? ¿Han identificado que el verdadero problema es la informalidad y no la falta de días libres? Quedamos atentos a los futuros proyectos normativos que, probablemente, volverán a sorprendernos en los próximos meses.