¡Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil! Durante más de dos décadas, el Perú fue ejemplo de progreso económico y social en América Latina. Entre 2004 y 2019, el país logró reducir la pobreza a un ritmo promedio anual de 5,7%, impulsado por un crecimiento económico sostenido que, según el Banco Central de Reserva (2023), explicó casi el 70% de la mejora social en ese periodo. Sin embargo, la pandemia y las crisis recientes han puesto a prueba la solidez de estos avances, revelando la fragilidad del modelo de desarrollo y de sus instituciones, así como la urgencia de repensar el rumbo.
Hoy, la pobreza monetaria afecta al 27,6% de la población, casi tres millones de personas más que antes de la pandemia. La mayoría vive en zonas urbanas, pero la pobreza extrema sigue golpeando con fuerza en el ámbito rural (39,3%, con una pobreza extrema de 15,5%). Más allá de las cifras, la pobreza erosiona el tejido social, alimenta la desigualdad y la inseguridad, y amenaza la estabilidad democrática. No es solo un problema económico: es también un desafío humano, social y político.
¿Por qué, pese a los avances, sigue siendo el país tan vulnerable? La respuesta está en las estructuras: un mercado laboral precario, alta informalidad, baja productividad y una capacidad institucional limitada para cerrar las brechas territoriales y sociales. La inseguridad ciudadana, que hoy representa un costo del 2,2% del PIB, desincentiva la inversión y mina la confianza en el Estado. A todo esto se suman los riesgos geológicos y climáticos, que pueden borrar en días lo que costó años construir.
No basta con crecer: el crecimiento debe ser inclusivo, resiliente y sostenible. El último Informe Nacional de Desarrollo Humano del PNUD (2025) lo deja claro: urge fortalecer el sistema de gobernabilidad para que responda con efectividad y legitimidad a las demandas de la sociedad, rectifique las asimetrías del poder y apueste por la participación ciudadana. El Perú tiene ventajas comparativas en sectores como la agroindustria, el turismo, la minería y las energías renovables, debido a sus recursos naturales, ubicación geográfica y clima. Pero, para aprovecharlas, es fundamental modernizar el tejido empresarial, invertir en el capital humano y mejorar la infraestructura.
La clave está en combinar políticas económicas sólidas con políticas sociales redistributivas y sistemas de protección adaptativos. Es decir, descentralizar la provisión de servicios públicos, impulsar una tributación más justa y progresiva, cerrar las brechas territoriales y abordar la inseguridad con un enfoque integral de fortalecimiento policial y de justicia, además de estrategias de prevención social.
El país atraviesa un escenario político complejo, marcado por la incertidumbre. Pero también se sabe que el Perú ha demostrado, una y otra vez, su capacidad de resiliencia y superación. Hoy, más que nunca, se necesita un pacto social que ponga en el centro a las personas, que apueste por la equidad y la sostenibilidad, y que no permita que la pobreza vuelva a ser el destino de millones.
El Perú lo merece. No se puede retroceder.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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