El hallazgo de 13 personas asesinadas en una mina en Pataz (La Libertad), representa una nueva y dolorosa escalada de violencia en una región golpeada por la expansión de la minería ilegal y la consolidación de grupos criminales. Si bien los detalles aún están bajo investigación, el hecho evidencia con crudeza la fragilidad del Estado en territorios donde se superponen economías informales, vacíos legales, conflictos sociales y estructuras delictivas cada vez más violentas. En esta zona andina, donde la minería aurífera es históricamente un eje económico, conviven medianas empresas mineras formales, pequeños mineros locales formales e informales, operaciones ilegales y actores armados que se disputan el control de vetas y bocaminas.
Estos asesinatos no son un caso aislado. Desde 2023 se han registrado al menos 50 asesinatos vinculados al control de socavones, así como atentados con explosivos, secuestros y amenazas. Pese a la declaración del estado de emergencia en el 2024 y la presencia de las fuerzas del orden, no se ha logrado frenar la violencia. La decisión del gobierno de suspender por 30 días la actividad minera en Pataz no reconoce la complejidad del problema. Solo confirma la gravedad de la crisis y la urgencia de tomar medidas estructurales.
Lo que ocurre en Pataz es el reflejo de la ausencia estructural del Estado. No solo en seguridad, sino también en la falta de servicios de salud adecuados, infraestructura, educación, desarrollo económico y políticas públicas territorializadas. En este vacío prolifera la minería ilegal y, también, formas de gobernanza paralelas ejercidas por mafias y redes criminales.
En materia de seguridad, las capacidades del Estado son limitadas. La Policía ha admitido que carece de equipamiento y personal para intervenir en socavones clandestinos o zonas de alta montaña controladas por grupos armados. A ello se suma la falta de coordinación interinstitucional, los débiles mecanismos de inteligencia, y las sospechas de colusión y corrupción.
En este contexto, es un riesgo para quienes buscan formalizarse asociar toda minería informal con criminalidad. Además, alimenta medidas indiscriminadas que pueden profundizar el conflicto. Es fundamental diferenciar a los actores. Por un lado, existen mineros artesanales y pequeños productores que buscan cumplir con la ley. Por otro, operan organizaciones criminales que usan la fachada de la minería informal para operar. No distinguir ambos es una amenaza: dificulta el diseño de políticas efectivas y debilita la legitimidad de las intervenciones estatales.
Cerrar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) o indiscriminadamente aplicar los nuevos requisitos establecidos en la Ley MAPE podría empujar a miles de operaciones hacia la clandestinidad. Y prolongar indefinidamente un sistema que ha demostrado ser ineficaz y vulnerable a usos indebidos no es una solución.
Se necesita un nuevo sistema de formalización diseñado desde un enfoque territorial y adaptado a la realidad de la minería artesanal y de pequeña escala, como lo propuso el estudio “Hacia una Mejor Formalización de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala” realizado por la Universidad de Oxford y la Universidad del Pacífico. Este sistema debe establecer procedimientos claros, accesibles y sostenibles que aseguren la trazabilidad del oro, incentivos adecuados, asistencia técnica descentralizada y control efectivo. Lo ocurrido en Pataz hace urgente la toma de decisiones firmes, que no pueden esperar a una nueva ampliación hasta diciembre de este año.
La solución no se limita a lo normativo; es necesaria una política de desarrollo territorial. La minería informal se ha arraigado en territorios donde el Estado no ha sido capaz de ofrecer alternativas productivas viables o garantizar una minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) sostenible. La solución exige inversiones en infraestructura, educación, salud y diversificación económica, con la participación de gobiernos locales, comunidades y organizaciones sociales.
Superar esta crisis implica una intervención multidimensional en infraestructura básica, salud, educación, diversificación económica y fortalecimiento institucional. Esto debe ir acompañado por un fortalecimiento institucional basado en el reconocimiento de las dinámicas socioeconómicas de los territorios.
La violencia en Pataz no se resolverá con operativos esporádicos ni reformas parciales. Esto implica (i) combatir al crimen organizado con inteligencia financiera, presencia sostenida de las fuerzas del orden y coordinación judicial. (ii) Diferenciar entre actores ilegales y quienes buscan formalizarse. (iii) Reformar el sistema de formalización minera con enfoque territorial. (iv) Fortalecer la presencia estatal en los territorios, garantizando servicios básicos. (v) Restablecer la confianza ciudadana mediante la lucha contra la corrupción y la promoción del diálogo local con transparencia.
La masacre de Pataz no puede quedar impune ni ser tratada como un hecho aislado. Es urgente abordar esta situación con una estrategia multidimensional, basada en evidencia y centrada en el desarrollo territorial. Lo que está en juego es mucho más que la legalidad de una actividad económica: es la posibilidad de construir un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y seguro para el país.
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