Propuesta, por Javier González-Olaechea Franco

Al escribir, intento basarme en hechos públicos cuando señalo errores, aciertos o formulo propuestas. Igualmente, procuro preservar la investidura presidencial. Se ha lanzado una iniciativa congresal de vacancia presidencial y estimo que puedo aventurar una propuesta, lo que incluye una cuestión previa.

En su gestión, hasta ahora, el señor presidente no ha demostrado meridiana lejanía de los violentistas que lo postularon y tampoco un buen gobierno. Esta falta de voluntad o impedimento resulta, principalmente, de su condición de invitado de Perú Libre, del comportamiento del señor Cerrón y de sus adláteres, de la improvisación, de su proclividad para causar y causarse daño, de inadmisibles designaciones y del creciente acercamiento de izquierdas que exhiben su poder en medios, en redes y en pasillos de magistrados.

El pasado proceso electoral acumuló copiosos cuestionamientos y los procedimientos y la proclamación del ganador no garantizaron la claridad que la mitad del país reclamó. La normativa electoral fue manoseada y el magistrado Salas, al menos en automática sintonía con la ONPE y ciertos letrados, podría ser recordado como el comisario político de las elecciones del bicentenario.

Hay motivos para sindicar que el presidente puede estar incurso en causales de vacancia, pero albergo dudas sobre si ahora debemos proseguir en dicho trance constitucional. Deseo creer que aún es posible que el jefe del Estado haga un giro de 180 grados y diluya la posibilidad de continuar descartando presidentes a razón –si promediamos desde el 2016, sería de algo más de uno por año–, lo que, de suceder, resultaría extremadamente riesgoso para todos.

Bastaría que el presidente, reconociendo la primacía de la realidad y su precariedad parlamentaria, decida formar un Gobierno sustentado en acuerdos públicos con bancadas que le y nos aseguren direccionamiento, razonabilidad, estabilidad, predictibilidad y gentes competentes para los puestos de primera y de segunda línea en la administración estatal.

Los acuerdos deberían contemplar dos componentes clave: un plan de acción prioritario del Gobierno y una agenda legislativa que lo sustente técnicamente. De no prosperar, acaso prosiga el intento de vacancia presidencial y también de la vicepresidenta, se debería convocar, al menos, a elecciones presidenciales anticipadas.

Ahora bien, no debemos votar con la misma normativa que evidenció su extrema vulnerabilidad para no volver a observar infracciones prácticamente consumadas.

Advirtamos que hay plazos para modificar la normativa electoral, aún más en la excepcionalidad de una justa electoral singular. Entonces, primero lo primero. Como cuestión previa, el Congreso debe legislar y blindar nuestra democracia electoral en al menos cinco tópicos indispensables:

1. La obligación de conformar el Pleno del JNE con los cinco miembros y la imposibilidad de ‘jure’ de sesionar, en cualquier circunstancia, con menos integrantes, bajo responsabilidad penal de sus miembros y en condición de flagrancia.

2. La obligación de las autoridades competentes de exhibir los padrones electorales para contrastarlos fehacientemente con los electores de cada mesa, bajo responsabilidad penal y en condición de flagrancia.

3. La custodia de los votos emitidos en cajas de alta seguridad, como en los Estados Unidos, para, de resultar necesario, confrontarlos con las actas. Dicha responsabilidad debe estar a cargo de una nueva unidad ad hoc de las FF.AA., bajo responsabilidad penal y en condición de flagrancia.

4. La ampliación y fijación de los plazos de impugnaciones y de resueltos en suficientes días calendarios completos.

5. Aumentar sensiblemente la valla electoral para inscribir a un partido o a un movimiento político por cuanto con menos de 30.000 adherentes y otros requisitos hoy se constituyen. Caso contrario, podríamos tener una treintena de aspirantes presidenciales; un despropósito absoluto que balcanizaría aún más nuestra política.

Concluyo, antes de avanzar intentando vacar al presidente, que el señor Castillo decida seriamente formar gobierno y, paralelamente, que el Congreso legisle y blinde todas las normas pertinentes sin dilación, porque resultará siempre mejor a lo ya experimentado.