Una oportunidad única, por Fernando Zavala

En un artículo reciente (“Afinando el motor”, 30/6/2018) nos pronunciamos sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para mejorar la productividad, ser más competitivos y construir un país desarrollado. Como parte del análisis, identificamos la mejora del sistema de justicia como uno de los ya conocidos determinantes claves de competitividad.

En los últimos días, la prensa ha expuesto una realidad deplorable e insostenible que genera unánime indignación y que constituye una oportunidad única para implementar la reforma integral del sistema de justicia.

Un sistema de justicia, para ser legítimo, debe fundarse en su imparcialidad, eficiencia y actuación con base en la verdad y la moralidad. La Constitución Política señala literalmente: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial […]”. Por tanto, un Poder Judicial que no opera en función a estas condiciones se deslegitima y hace inviable un país justo y desarrollado.

La coyuntura exige que todos los poderes del Estado actúen decididamente para implementar la reforma del sistema de justicia. Así, el Poder Ejecutivo designó una comisión que entregó diez medidas prioritarias al presidente, quien acaba de anunciar en el mensaje a la nación de ayer que propondrá convocar a referéndum para la reforma constitucional de la elección de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, presentó al Parlamento seis proyectos de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, la modificación del Texto Único Ordenado del Contencioso Administrativo, la promoción de la divulgación de información de la administración de justicia, incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público creando fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción, lavado de activos, así como la creación del consejo para la reforma del sistema de justicia.

Estos cambios son indispensables y urgentes. Lamentablemente, los indicadores de percepción ciudadana en el 2017 son contundentemente negativos. El Perú ocupa el puesto 106 de 137 en independencia judicial según el ránking de competitividad del World Economic Forum. Ocupamos el puesto 93 de 113 en accesibilidad a los tribunales civiles y 88 de 113 en efectividad de los tribunales penales, según el World Justice Project. Es decir, en todos estos campos ocupamos el tercio inferior del ránking. Esto es aún más grave cuando consideramos que más de tres cuartas partes de la población cree que la corrupción va en aumento, según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Como parte de sus objetivos para contribuir al desarrollo del país, el Consejo Privado de la Competitividad constituyó una mesa para formular propuestas de mejora en el sector Justicia. Creemos que el sistema de justicia es un elemento primordial para la vida democrática, la prosperidad social y económica.

Como la evidencia establece, la reforma del sistema de justicia requiere ser integral y ocuparse de aspectos sustanciales como la mejora institucional, del capital humano, gestión de procesos, transparencia y predictibilidad.

Para mejorar el capital humano es indispensable modificar el nombramiento, control y evaluación de jueces y fiscales. Esta es una reforma estructural que exige la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura (uno de los objetivos del presidente Vizcarra). Es indispensable incorporar instituciones con independencia constitucional e idoneidad técnica, así como profesionales independientes que accedan por concurso público, como propone también la asociación civil Transparencia. En tanto se reforma la Constitución para ello, puede ampliarse la participación de la sociedad civil incorporando a los representantes del sector laboral y empresarial que ya establece la Constitución. Adicionalmente, deben modificarse los procesos de selección asegurando la publicidad, transparencia, idoneidad e imparcialidad, viabilizando el soporte en entidades independientes y reputadas; así como incorporando un órgano especializado e independiente de control funcional.

Lamentablemente, justicia que tarda no es justicia. Son cinco años los que una persona debe litigar aproximadamente en un juicio civil y tres años en un juicio comercial. La Corte Suprema tiene aproximadamente 42 mil expedientes y a esta llega cerca del 60% de los procesos comerciales, pudiendo demorar un expediente más de dos años.

Por ello, debe modificarse la estructura y lógica del sistema de justicia optimizando procesos y “desjudicializando” la justicia. Esto requiere promover arbitrajes institucionales, ampliar competencias de notarios y jueces de paz, impidiendo que la Corte Suprema actúe como tercera instancia. Para ello debemos impulsar el proyecto del Ministerio de Justicia que modifica el Código Procesal Civil regulando el acceso a la Corte Suprema para pretensiones mayores a 150 UIT, prohibiéndola en procesos sumarios, de ejecución, familia y no contenciosos, admitiéndola únicamente en cuestiones de relevancia jurídica fundamental.

Para asegurar la transparencia y predictibilidad debemos exigir al Poder Judicial medidas para la obligatoriedad de la publicación, sistematización y fácil acceso a sus sentencias. Es necesario también que el Poder Judicial haga públicas todas sus audiencias y utilice un lenguaje claro y sencillo. Todo ello permitirá el control ciudadano sobre calidad y producción judicial.

Reformas de mediano y largo plazo son indispensables para construir institucionalidad. Para facilitar dichas reformas será importante ampliar el mandato del presidente del Poder Judicial a cuatro o cinco años. Además, se deberán implementar medidas de gestión de información que permitan tener indicadores oficiales sobre la cantidad de procesos, porcentaje de procesos y jueces por materia, entre otros. Hoy no existe esa información.

La coyuntura es única. No podemos desaprovechar esta oportunidad. Los ciudadanos debemos exigir a nuestras autoridades que estén a la altura del reto. Solo con un sistema de justicia honesto, imparcial y eficiente podremos asegurarnos una sociedad pacífica y próspera.