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Lo que atormenta a Latinoamérica, por Alfredo Torres

“El Latinobarómetro ofrece este año dos indicadores que reflejan que la delincuencia y la corrupción son problemas sociales muy extendidos”

Alfredo Torres Presidente ejecutivo de Ipsos Perú

corrupción

(Ilustración: Giovanni Tazza)

"El problema con la inseguridad ciudadana y la corrupción es que minan la confianza en el sistema democrático".(Ilustración: Giovanni Tazza)

El populismo y la corrupción han golpeado recurrentemente a América Latina a lo largo de su historia, pero pocas veces la opinión pública ha leído tan claramente ese impacto como ahora, tal como lo registra la encuesta Latinobarómetro 2017. El caso más emblemático de esta crisis es el de Venezuela, que encabeza los ránkings de inflación, violencia y corrupción en la región. Los estimados de inflación anual varían entre 1.000 y 2.000%. Se desconoce con precisión porque hace dos años dejó de llevarse la medición oficial. La violencia es aterradora. Su tasa de homicidios de 90 por cada cien mil es 15 veces el promedio mundial. Su corrupción es descarada. Según la propia empresa Odebrecht fue el gobierno que más recibió dinero de su “Caja 2” (la de los sobornos), incluyendo 50 millones de dólares para el actual mandatario Nicolás Maduro.

No hay duda de que la situación en Venezuela es dramática. Para los venezolanos, sin embargo, el principal problema del país no es la inflación, ni la violencia ni la corrupción sino el desabastecimiento. El 41% lo sindica en primer lugar. La angustia del pueblo venezolano por no poder encontrar alimentos y medicinas porque la economía ha colapsado gracias a la aplicación extrema de políticas populistas contrarias a la economía de mercado hace empalidecer otros problemas del país.

Sin llegar al extremo de Venezuela, la economía (inflación, desempleo, bajos salarios, inestabilidad) constituye el mayor problema, según el Latinobarómetro, para los ciudadanos de los países que han tenido recientemente o tienen en la actualidad gobiernos populistas como Argentina, Bolivia y Ecuador. No ocurre lo mismo en los países de la Alianza del Pacífico –Colombia, Chile, México y el Perú– ni en Brasil. Como la economía está más o menos ordenada o en vías de recuperación, como en Brasil, afloran otras preocupaciones en la ciudadanía como la delincuencia en Chile, México y el Perú; y la corrupción en Brasil, Colombia y también en el Perú.

Tanto en la delincuencia como en la corrupción, el resultado del Latinobarómetro sugiere una correlación con la cobertura de la prensa de estos temas y, en particular, con su evolución reciente. Por ejemplo, Chile es objetivamente un país con mucho menos criminalidad que Brasil, pero la delincuencia aparece como la mayor preocupación del país del sur debido al deterioro que se ha sentido en los últimos años. A su vez, Brasil es el país al que más le preocupa la corrupción debido probablemente al gran trabajo que ha tenido el sistema judicial brasileño en destapar el Lava Jato, cubierto ampliamente por la prensa.

Pero sería un error pensar que los problemas que más preocupan a la población son solo percepciones relativas. El Latinobarómetro ofrece este año dos indicadores que reflejan que la delincuencia y la corrupción son problemas sociales muy extendidos en algunos países de la región como Brasil, México y el Perú. Por ejemplo, 18% de los latinoamericanos conoce a muchas personas que han comprado objetos robados. La tasa se eleva a 36% en Brasil, 26% en México y 19% en el Perú. A su vez, el 31% de los latinoamericanos declara que les han ofrecido objetos que podrían ser robados. Esta tasa es de 42% en el Perú, 40% en México y 39% en Brasil.

El problema con la inseguridad ciudadana y la corrupción es que minan la confianza en el sistema democrático. Mientras el 30% de los latinoamericanos están satisfechos con el funcionamiento de su democracia, esta tasa es de solo 17% en Colombia, 16% en México y el Perú y 13% en Brasil y Venezuela. Todos los países latinoamericanos siguen pensando que la democracia es el mejor sistema de gobierno, pero esta convicción ha caído de 75% a 69% el último año.

El financiamiento de campañas electorales por empresas corruptoras daña la confianza en el sistema democrático sobre todo si se comprueba que el apoyo en las campañas fue retribuido con obras sobrevaloradas, como podría ser el caso del gasoducto del sur del Perú, que multiplicó su costo cinco veces durante el gobierno de Ollanta Humala. Como se sabe, Odebrecht declaró que había apoyado a Humala con tres millones de dólares para su campaña.

Precisamente en el gobierno de Humala, la empresaria Odebrecht declaró que ganó como postor único la licitación para construir el gasoducto del sur, la más grande de la historia del país. Pero el daño a la confianza en la democracia y en sus líderes políticos podría ser mayor si se comprueba que dinero proveniente de lavado de activos ingresó a la política, como sería el caso del ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, según investiga la fiscalía en el Perú. La denuncia constitucional que le ha abierto el Congreso del Perú al fiscal Pablo Sánchez ha generado estupor debido a que, según ha declarado Sánchez, estaría destinada a parar esa investigación. La opinión pública internacional está siguiendo atentamente ese caso. Los fujimoristas deberían ser los primeros interesados en que se aclare el caso de Ramírez en vez de tratar de silenciar a los fiscales que lo investigan.

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