Los “imputables” son mayoría

El Congreso se ha superado a sí mismo con sus recientes votaciones. En una, 69 congresistas votaron a favor de una ley que aumenta a penas de prisión efectiva la difamación, con el objetivo nada disimulado de amedrentar a la prensa que desnuda la corrupción en el poder. En otra, se evitó que cuatro de los primeros ‘Niños’ fuesen acusados constitucionalmente. Y en una última, si cabe más vergonzosa, se permitió que, vía una componenda política, una persona con una trayectoria poco recomendable y sin idoneidad alguna para el cargo fuese elegida defensor del Pueblo.

Creo que es insuficiente, y hasta equivocado, para explicar la conducta del Congreso lo del “pacto fujicerronista”. Aun cuando es verdad que han coincidido en varios temas importantes. Tampoco me parece adecuada la que se lo atribuye a una alianza derechista que, en conjunto con el Ejecutivo, gobierna el país; aunque algo de eso hay en base al cambio de 180 grados de Dina Boluarte en su ubicación ideológica y de las evidentes coincidencias con la actual Mesa Directiva. Pero ello puede cambiar si, como parece estar sucediendo, se gesta una alianza más hacia el centro, que incluya a la diáspora de Perú Libre para la siguiente directiva.

Pero ello no distanciaría al Gobierno del Congreso, ya que Boluarte giraría en reversa, todos los grados que sean necesarios, para adaptarse a esa nueva situación. Esto dado que su cercanía con el Congreso se da, en lo esencial, en el objetivo compartido de quedarse hasta el 2026; y, en ambos lados, para protegerse mejor de las acusaciones.

No hay, pues, “un proyecto político en marcha” y, menos, uno de largo plazo. Las posibilidades de que los protagonistas de hoy, tanto del Gobierno como del Congreso, vayan a continuar en el poder o tener influencia en él después del 2026 son cercanas a cero.

Lo que hay en las alturas del poder político es una perversa cooptación y manipulación de las instituciones para favorecer la impunidad en el poder.

En el caso específico del Congreso, es mayoría lo que llamaría “la bancada de los imputables”. Me estoy refiriendo a quienes investiga la fiscalía por hechos ocurridos durante su gestión parlamentaria. Van desde los primeros seis ‘Niños’, que fueron puestos al descubierto a finales del 2021, pasando por los 17 congresistas cuyos domicilios y oficinas fueron allanados en marzo pasado –en el marco de nuevas informaciones sobre beneficios ilegales a cambio de favorecer a Castillo– y les sumo a los 40 congresistas que la fiscalía investiga sobre la base de informaciones de que se habría pagado US$3.500 a legisladores para que se opusieran a la censura del hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.

Hay que añadir, además, la lista de los ocho ‘mochasueldos’, que solo agrega en realidad tres nombres nuevos, pues los cinco restantes ya estaban en alguna de las listas mencionadas.

El resultado es que hay en el Congreso 66 congresistas que podrían ser imputables por la fiscalía por diferentes delitos. En ese total no incluyo a los que ya entraron al Congreso con investigaciones fiscales, ni los casos de inconductas “éticas”.

Por supuesto que todos los que están no necesariamente son, pero es también muy probable que pueda haber otros que son y no están.

Las tres últimas votaciones dan cuenta de su poder. Un informe de El Comercio muestra que, de los 69 congresistas que votaron por la llamada ley mordaza, 25 tenían investigaciones fiscales; la gran mayoría, derivadas de denuncias periodísticas bien documentadas.

He hecho un ejercicio propio para ver cuántos de los 66 mencionados en las listas a las que aludo votaron para proteger a los ‘Niños’ e impedir que estos sean desaforados. El más protegido, Raúl Doroteo, logró en el pleno 44 votos a su favor, 32 de ellos de los “imputables” (más una en abstención). En la Comisión Permanente ya lo habían protegido nueve de ellos que ya no podían votar en el pleno, con lo que llegamos a 43 de 66 involucrados en la protección de los ‘Niños’.

De los 87 votos que permitieron la elección de Josué Gutiérrez, 46 provinieron de los “imputables”.

Sus votos son indispensables para cualquier decisión importante. Por ejemplo, la conformación de la próxima Mesa Directiva en la que, no dudo, tendrán representación.

Restan 1.159 días para que este Congreso, con esta composición y con estas motivaciones, siga legislando y “fiscalizando”.

PPK: Hago, como corresponde, el ‘disclaimer’ de que fui ministro del Interior de su gobierno y que renuncié en el contexto de las revelaciones de Odebrecht, que daban cuenta de hechos ocurridos 20 años antes; que no aludían a un pago de coimas, pero, probablemente, sí a una poca prolijidad en el manejo de sus relaciones profesionales, algo que podría verse como conflicto de intereses y que debía investigarse. De ahí a convertirlo en el cabecilla de una organización criminal de tres personas, pidiendo para él 35 años de prisión (usualmente reservados para homicidas y violadores), da cuenta de un despropósito que deslegitima los esfuerzos de la lucha en serio contra la corrupción; algo en lo que el fiscal José Domingo Pérez es reincidente. Un juez le ha puesto el pare, por ahora.