Planilla dorada

Las declaraciones del congresista Carlos Anderson (no agrupado) sobre una posible auditoría a la planilla del Congreso ha generado revuelo y ayuda a centrar el debate sobre el descontrol que existe respecto de la cantidad y labores del personal parlamentario. Pero es necesario aclarar que las declaraciones de Anderson fueron tergiversadas por algunos medios, pues nunca aseguró que existían 4.500 trabajadores fantasmas.

Lo que Anderson quería plantear como denuncia tenía dos partes: la primera referida a la gran cantidad de trabajadores (los 4.500), y la segunda, sobre la existencia de trabajadores fantasmas dentro de dicho universo.

Sobre las afirmaciones de Anderson valen algunas precisiones. Si uno revisa la planilla de enero (la última disponible en el portal web del Congreso), solo existen 4.142 nombres. Sin embargo, la lista no puede ser tomada tal cual, pues esta incluye a pensionistas y a colaboradores del Parlamento Andino (un debate diferente). Si quitamos a estos dos últimos, la planilla se reduce a 3.540 trabajadores estrictamente dedicados a las labores del Parlamento.

Con las cifras claras y contextualizadas, el primer punto a tomar en cuenta es el incremento en la planilla. Para diciembre del 2021, revelamos en El Comercio que existía un promedio de 23 trabajadores por cada parlamentario. Para el 2025, tenemos un promedio de 27 trabajadores por cada congresista.

La segunda parte del debate tiene que ver con la existencia de trabajadores fantasmas. Esto es algo que existe y es innegable, aunque siempre ha resultado difícil de corroborar en grandes cantidades. El único reconocimiento concreto que tenemos es el de la expresidenta Mirtha Vásquez, quien contó –en mi libro “¿Cuándo se jodió el Congreso?”– que durante su gestión detectó a 40 personas que no hacían nada y no tenían labores asignadas. “Era gente que llegaba a marcar tarjeta y probablemente no hacía nada porque su trabajo era de hacer soporte técnico en las comisiones y nunca los llamaban”, detalló Vásquez.

Si bien antes han existido denuncias periodísticas, estas siempre quedaron en el aire sin sanciones ni cambios reales. Es difícil pensar que la situación vaya a cambiar con el oficio que Anderson ha enviado a contraloría pidiendo una auditoría sobre el personal legislativo. La contraloría se resiste a tocar al Parlamento, y no existen indicios de que esto vaya a cambiar. Tampoco el actual presidente Eduardo Salhuana va a realizar cambios, pues su gestión ha venido incrementando áreas para beneficiar a miembros de su partido Alianza para el Progreso. Levantar la alfombra sobre la planilla sería exponer a sus colegas partidarios.

La única esperanza es el 2026, con el nuevo sistema bicameral. Aunque no descarto que la doble cámara sea utilizada como una excusa para, en lugar de ajustar, incrementar la planilla legislativa.