Derroche suplementario

El Congreso ha ampliado la agenda de la Comisión Permanente para aprobar, este jueves, el crédito suplementario enviado por el Ejecutivo, lo que permitirá inyectar más presupuesto a gobiernos regionales y locales. Pero sin criterios técnicos establecidos para la distribución de los recursos extras ni la rapidez en el trámite legislativo, existe un alto riesgo de que los fondos no sean utilizados para los fines sobre los cuales se sustenta esta medida complementaria.

Una rápida revisión del cuadro de gobiernos subnacionales beneficiados nos permite determinar los criterios políticos en la repartición de partidas. Por ejemplo, en Amazonas, el alcalde distrital de Jazan, Geiner Espinoza, ha logrado ser incluido en la repartición con tres partidas de financiamiento (para un colegio, servicios de agua y alcantarillado, y un puente) por una suma total que bordea los S/4 millones.

El alcalde Espinoza inició el año con S/2 millones de presupuesto para proyectos de inversión, y para mitad de año su partida se cuadruplicó hasta llegar a los S/8,9 millones. El problema está en que, al cierre de mitad de año, solo ha ejecutado la tercera parte (34,7%) del presupuesto para obras. Pese a que su presupuesto se incrementó y que su nivel de ejecución es bajo, la gestión edilicia recibirá 50% de fondos adicionales. Otro dato no menor es que el alcalde Espinoza, quien fue elegido por Renovación Popular, hoy viste la camiseta política de Alianza para el Progreso (APP).

Lo mismo podemos observar en Lima, donde la gestión del alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, aparece en el anexo del crédito suplementario con casi S/1 millón de fondo para la adquisición de maquinaria para el recojo de basura. La autoridad edilicia de Podemos Perú, a mitad del año, ha ejecutado menos del 20% de presupuesto para proyectos de inversión y, según reveló “Cuarto poder”, fue incluido en el proyecto del Ejecutivo tras una reunión con Juan José Santiváñez.

También ocurre un panorama similar en la gestión del alcalde Oswaldo Vargas en Lurigancho-Chosica. Podría recibir más de S/2 millones adicionales cuando ha ejecutado menos del 20% de su presupuesto actual (casi S/37 millones) en proyectos de inversión.

Estos son solo tres ejemplos de una larga lista. Lo seguro es que no existe garantía de un criterio técnico en la repartición y el Congreso no corregirá este error –no lo hizo en la Comisión de Presupuesto– y podría empeorar la situación si es que decide incluir nuevas modificaciones cuando el texto llegue a manos de la Comisión Permanente. Jugar con el anexo de los créditos suplementarios con el fin de conseguir votos para la Mesa Directiva o para conseguir nuevos aliados electorales a nivel subnacional es algo que puede repercutir negativamente en las arcas fiscales. Al parecer, ya ni tenemos un Ministerio de Economía preocupado por los excesos presupuestales del Congreso.