COVID-19, cuarentena e informalidad

Dada la precariedad de nuestros sistemas de salud ante la pandemia del COVID-19, el Gobierno Peruano acertadamente inició una cuarentena general de ocho semanas, las que fueron anunciadas dosificadamente cada dos semanas. Se compraba así un tiempo valioso para aumentar la oferta de salud, lo que incluía la adquisición masiva de pruebas PCR y el acondicionamiento de camas y camas UCI, con los ya famosos respiradores mecánicos. Esperemos que el costosísimo tiempo comprado haya sido suficiente para tales propósitos.

Cerca del 70% de la actividad económica ha sufrido directa o indirectamente por el cierre de emergencia, el apagón económico. Solo han continuado operando sectores clave, en su gran mayoría del sector formal laboral (salvo la agricultura para el mercado interno). Como esto es muy costoso, teníamos que asegurarnos de que fuera exitoso en aplanar la curva de contagios.

La idea era reducir la tasa básica de contagio (Ro, el número de contagios por persona infectada) para evitar un alza exponencial de casos que provoquen finalmente decesos masivos, ante la falta de respuesta de la oferta de salud pública.

Para la población cuyos ingresos se verían severamente afectados y que no tuviese ahorros con los cuales enfrentar una pérdida transitoria de ingresos, al menos por el período del apagón, se diseñó un bono de alimentos. Su buen diseño era crucial para sostener la cuarentena con relativo éxito. Esta era una especie de transferencia condicionada a quedarse en casa. Para una mayoría de peruanos no bastaban los eslóganes como “Hazlo por el Perú”. Había que actuar rápido y hacer lo que fuera necesario.

Así, se escogió en un principio a 2,7 millones de hogares urbanos pobres y cuasi pobres para recibir un bono de 380 soles, que era el cálculo solo para dos semanas de una canasta básica de alimentos. Ello tendría que darse cuatro veces, a fin de evitar la fatiga de ocho semanas de cuarentena. Lamentablemente, no fue así. Y la gente salió. Luego, se creó el bono 760 para los independientes, unos 800.000. Finalmente, se creó el bono rural dirigido a 1,1 millones de familias. En total, 4,6 millones de familias. Algo tarde, el Gobierno cayó en la cuenta de que había una fuerte subcobertura y anunció la semana pasada un bono cuasi universal, excluyendo a los trabajadores en planilla (también se debería excluir a los pensionistas).

En general, todos estos bonos tendrían que otorgarse por lo menos las semanas de duración de la cuarentena, para asegurar el éxito de la misma. Aún no se termina de entregar el primer bono, se está comenzando a entregar el segundo bono. El bono independiente iba al 50% hace una semana y el rural comenzaba esta semana.

El Gobierno ha usado equivocadamente –a juicio de este columnista– criterios de focalización en lugar de buscar cobertura. Van una ideas al respecto.

En grueso. Tomemos a la población en edad de votar menos los estudiantes y jubilados, le restamos a los formales privados y públicos que están en la planilla electrónica, a los independientes que declaran rentas de cuarta categoría y a los dueños de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Nos quedamos con los trabajadores informales laborales y los independientes sin RUC (90%). Todos ellos son como 11 millones de personas. Asumiendo 1,8 perceptores de ingreso por familia, tenemos casi 6,1 millones de familias. No más.

Las “familias” pueden ser unipersonales o, digamos, de 7 personas. Por ello en este caso es mejor entregar el bono a los perceptores de ingresos. Ellos pertenecen a las familias. No rompamos ese equilibrio (ingresos/gastos familiares) que por algo ya existe. Y la condicionalidad es sencilla. Los perceptores de ingresos reciben un bono individual de 200 de soles cada quincena (equivalente al 380 familiar) sujeto a una declaración jurada de ingresos mensuales (por facilidad cognitiva) y la promesa de no salir más allá de lo necesario en la cuarentena. Procedimiento minimalista ante Sunat (o cualquiera de las webs habilitadas para los bonos): nombre, DNI, número telefónico e ingreso mensual medio. Una declaración jurada, con todo lo que ello supone en lo legal.

¿No queremos formalizar? Aquí tenemos un poderoso instrumento para fines administrativos y de políticas públicas. Oro en polvo para la Sunat, el Mintra, el Midis, el sistema financiero. Al ser voluntario, inhibe a los informales con ingresos “altos” (que incluye a las actividades ilegales como narcotráfico, tala ilegal, minería informal, contrabando, etc.); que también será de utilidad para la Sunat. Quedarán también al descubierto los que no quieren salir del clóset de la informalidad; numéricamente son menos, pero son. Se podrá cruzar con los sistemas de RUS y RER, con los viajes al exterior, etc.

Los ciudadanos peruanos, así como reciben los beneficios del gasto público en educación, salud, seguridad, entre otros, deben también –una vez al año– declarar sus ingresos promedio mensual. No decimos pagar sus impuestos, la enorme mayoría estará muy por debajo del ingreso mínimo imponible. El no declarar ingresos debe estar sujeto a las mismas reglas de no votar en las elecciones. Debe ser parte de los derechos y deberes de la ciudadanía.

Se puede aplicar ahora o durante otras cuarentenas. ¿Quieres el bono “Quédate en casa”? Declara tus ingresos mensuales y promete que guardarás cuarentena. Baratísimo, si vemos los costos por la pérdida del PBI en el 2020 y el 2021 contra un escenario sin COVID-19.

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