De pecados y mentiras

He leído con curiosidad el artículo “Los 10 pecados capitales de la CVR”, de Sebastião Mendonça Ferreira, publicado en este Diario. El título, si bien sugerente, contiene su propia refutación. El fenómeno del “pecado” pertenece al orden moral: supone una conciencia que se examina y una verdad ante la cual hay que responder. Pero todo examen de conciencia exige un requisito previo: la veracidad del pecado cometido. Y ocurre que el primer pecado, fácil de reconocer, no es uno cometido por la CVR, sino por el autor, quien al reseñar lo dicho en el informe final transgrede, sin respiro, el octavo mandamiento: “No dirás falso testimonio ni mentirás”.

La investigación de la CVR fue una tarea colectiva cuya columna vertebral son los testimonios de casi 17.000 compatriotas. Ese ingente trabajo produjo un documento sólido sobre el período 1980-2000. La CVR fue creada para esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y reconocer las luchas contra los dos movimientos que quisieron tomar el país: Sendero Luminoso y el MRTA.

Dijimos entonces que nuestro informe era perfectible y constituía un punto de partida: nunca lo presentamos como un punto final para el descubrimiento de la verdad, sino como una base para profundizar en la búsqueda. Con esa precaución, sin embargo, presentaba un conjunto de evidencias sobre hechos incontrovertibles, y conviene recordar que, a 23 años de su publicación, ninguna indagación posterior ha refutado con seriedad, más allá de epítetos insustanciales, sus afirmaciones ni sus conclusiones.

Los cargos del autor se desvanecen al solo hojear el informe. Sostiene que no comprendimos el fenómeno; sin embargo, nuestras conclusiones establecen que la causa inmediata y fundamental del conflicto fue la decisión de Sendero Luminoso de alzarse en armas contra un país que retornaba a la democracia, que su ideología fundamentalista y totalitaria se organizó en torno al culto a Guzmán y que sus proclamas revelaban un potencial genocida. Señala que no reconocimos a quienes derrotaron al terrorismo. Falso. El informe califica de impecables las capturas logradas por la inteligencia policial, constata que las Fuerzas Armadas supieron extraer lecciones y afinar una estrategia menos lesiva de los derechos humanos, y rinde un homenaje a los militares y policías caídos en cumplimiento del deber, a los ronderos que infligieron a Sendero su primera derrota estratégica y a las autoridades que sostuvieron al Estado, muchas veces a costa de sus vidas. Afirmar que nada de esto figura en el informe es confesar que no se lo ha leído o, más grave aún, mentir con deliberación confiando en que los lectores tampoco lo harán.

Lo que en realidad se nos reprocha no son omisiones sino inclusiones: crímenes bien documentados –ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, violencia sexual– que en ciertos lugares y períodos constituyeron prácticas sistemáticas de los agentes del Estado. Hoy no lo sostiene solamente la CVR: lo ha ratificado el sistema de justicia mediante sentencias firmes. La verdad no es equidistancia ni complacencia. Reconocer esos crímenes no equipara a las instituciones con el terrorismo; las honra, porque distingue entre quienes actuaron en bien de la nación y quienes usaron su poder para humillar y asesinar a quienes debían defender. Escuchamos a decenas de oficiales de las FF.AA y la policía, cuyos testimonios constan tanto en el informe como en el acervo que custodia la Defensoría del Pueblo. Informarse es una regla básica antes de opinar.

Sostiene también Mendonça Ferreira que la CVR ignoró la lucha campesina contra la agresión subversiva y los cambios estratégicos de los años noventa. Pero el informe registra con claridad el papel desempeñado por los comités de autodefensa con el apoyo del Estado (pero sin silenciar sus abusos: son parte de la verdad), el impulso a la labor de inteligencia, la captura de los cabecillas respetando sus vidas. Y registra también –no hacerlo habría sido pecar de omisión– el golpe del 5 de abril, la creación y el apoyo oficial al escuadrón de la muerte Colina y las leyes de amnistía que pretendieron consagrar la impunidad. Permítaseme un recuerdo personal: viajé a Tokio para escuchar a Fujimori, como lo hicimos con Morales Bermúdez, Belaunde y García. Se negó a recibirme, y su agrupación declinó nuestra invitación a testimoniar.

Propone, finalmente, un “nuevo informe”, supuestamente depurado de sesgos. Llamemos a las cosas por su nombre: propone una versión redactada según la conveniencia del poder de turno. Nuestro informe se ofreció al país como punto de partida, y perfeccionarlo será siempre legítimo; pero perfeccionar no es amputar ni desfigurar. La reconciliación se funda en la justicia, no en la impunidad, y ese principio no admite excepciones: ni para el terrorismo ni para nadie.

Rendimos en ese entonces homenaje a la terca voluntad de los peruanos que, en medio del terror, despertaban cada mañana para continuar con la vida. A ellos les debemos la verdad entera.