Degradación

La degradación política en nuestro país es la madre de todas las degradaciones, o lo que impide revertirlas. Somos el único país de la región que todavía no recupera los niveles de ingreso de la población anteriores a la pandemia, y menos aún los niveles de pobreza, que se agravan, y esto se debe a una crisis política letal originada no solo en el resultado contrapuesto y fatal de las elecciones del 2016, sin que el presidente y la oposición congresal de entonces supieran manejarlo, sino en la politización de la justicia que llevó a la cárcel a líderes políticos destruyendo las opciones electorales serias para que triunfara Pedro Castillo en el 2021. Se fueron más de un millón de peruanos y US$23 mil millones, y aún no nos recuperamos.

Como parte de ese proceso de degradación política, el Estado ha sido crecientemente capturado por grupos de interés de naturaleza política, ideológica, gremial y hasta mafiosa, que logran aprobar privilegios para unos pocos que no son otra cosa que normas que impiden la inversión, el crecimiento de los emprendimientos y su formalización. Se han apoderado del poder regulatorio del Estado para beneficio propio en perjuicio de las grandes mayorías que no pueden crecer dentro de la ley.

Ese mismo fenómeno afecta la eficiencia de los servicios públicos, de modo que los peruanos no tienen acceso a una salud y una educación de calidad.

Un problema mayor aun ocurre cuando segmentos de la policía son capturados por la criminalidad o la corrupción. Algunos comisarios deben reunir una “cuota” mensual para entregarla al jefe zonal de la policía, cobrándola a negocios informales o ilegales, o a mafias de extorsionadores o gota a gota que pagan un cupo para poder operar.

La debilidad política impide limpiar la policía y el sistema judicial y coordinar a esas instituciones en la lucha contra una criminalidad que extorsiona cada vez más a los pequeños negocios. No hay liderazgo, sino lo contrario: enfrentamiento entre las mencionadas instituciones. Es la anarquía.

La degradación política se expresa en un Congreso que, fuera de la bicameralidad, no es capaz de dar las leyes que se requieren para regenerar precisamente la política y combatir la criminalidad. Fuerza Popular dejó que no se aprobara la reforma constitucional que hubiera impedido postular a quienes hubiesen cometido crímenes graves, la izquierda frustró la que eliminaba los movimientos regionales, que son caballos de Troya de las organizaciones criminales, y el proyecto para restablecer el financiamiento formal de los partidos regresó a comisiones. Como puntillazo final, se le ha extendido la patente de corso a la minería ilegal, atando de manos al Estado.

Solo se ha aprobado un pequeño incentivo a las alianzas, pero el gran desincentivo es la segunda vuelta. ¿Cómo hacemos para tener a partir del 2026 un gobierno fuerte con mayoría congresal que pueda revertir la degradación general y aprobar todas las reformas necesarias? Solo queda la esperanza de que un buen candidato se despunte en las elecciones y los demás renuncien para darle su apoyo antes de la segunda vuelta. Amén.