Degradación y riesgo, por Omar Awapara

En diciembre del 2018, Ricardo Uceda llamaba la atención sobre la ausencia de liderazgo en uno de los gabinetes de Martín Vizcarra, notando que 15 de los 19 ministros habían tenido diversos cargos de responsabilidad en el Estado, la mayoría como viceministros, describiéndolos como “políticamente estériles”. En esa fecha, se discutía la dificultad para seleccionar ministros con peso político y liderazgo sectorial. Hoy el problema es peor y tenemos que lamentar la cada vez más notoria ausencia de un criterio técnico para seleccionar funcionarios públicos.

En una de sus altisonantes conferencias de prensa, el efímero presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido justificó la presencia de militantes de Perú Libre en puestos de responsabilidad en el Gobierno porque hicieron posible “los resultados de estas elecciones”. Es un punto válido y una práctica usual en el mundo, pero unos pocos meses después el problema es que ese parece ser el único criterio de mérito para ser convocado a trabajar en la administración pública.

En los últimos días, hemos sido testigos de la repartija navideña en la Sutrán, denunciada por Juan Pablo León, de la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro, del reportaje en “Punto final” sobre contrataciones irregulares de partidarios de Perú Libre en el Ministerio del Ambiente. Y eso ha sido solo lo más reciente.

También en el 2018, Michael Lewis, célebre autor estadounidense conocido por libros adaptados al cine como “Moneyball”, “The Blind Side” o “The Big Short”, publicó “The Fifth Risk”, donde revisaba tres agencias del gobierno federal (energía, comercio y agricultura) bajo la presidencia de Donald Trump. En su gobierno, Trump se tomó mucho tiempo para llenar posiciones y, cuando lo hizo, seleccionó a gente con un criterio similar: donantes, periodistas o políticos que lo apoyaron en campaña, la mayoría ferozmente incompetente.

Un conductor de radio de Iowa a cargo de un presupuesto de US$3 billones como director científico en el Departamento de Agricultura, pero que no fue confirmado por el Senado. Un donante, Wilbur Ross (de quien luego se supo que había sobrevaluado su fortuna), a cargo del Departamento de Comercio sin saber que ahí, en realidad, se maneja mucha información estadística, como censos, y no comercio internacional, como él pensaba, y que, por ende, se dormía en muchas reuniones de trabajo. Otro, abogado y dueño de una compañía de pronósticos del tiempo, puesto a cargo del servicio nacional de meteorología, en un descarado caso de conflicto de interés.

Las historias de terror que cuenta Lewis hacen que “Don’t Look Up”, la reciente película de Adam McKay, aparezca como un documental más que como una obra de ficción. Y los riesgos existen. No necesariamente un meteorito, pero sí desastres que no imaginamos, en gran parte porque la capacidad del Estado se va erosionando en cámara lenta, como termitas que van carcomiendo los cimientos de la administración pública. Además de riesgos ya tangibles, como el cambio climático, el quinto riesgo del título, según el autor, es precisamente aquel que no ves y del que no somos conscientes, y de ahí por qué debemos preocuparnos.

Como en Estados Unidos, algún límite logra imponer el Poder Legislativo en el Perú, pero a cuentagotas. Ya lo escribió Fernando Vivas hace unos días: en términos de descomposición política y cuotas de acceso al poder a grupos informales, Castillo y el Congreso se entienden. Y vemos que lo que se desbordó con el Congreso pasado, hoy se ha vuelto la norma.

Ante una primera línea de defensa débil y cómplice en el Parlamento, queda el periodismo de investigación y, por eso, muchos hemos condenado el atentado contra la libertad de expresión cometido el lunes en la sentencia que condena en primera instancia a Christopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial que lo publicó. Sin una prensa libre, no solo la democracia corre peligro.