“Un país donde lamentablemente la irresponsabilidad paterna termina siendo uno de los principales problemas”, así declaró la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, durante la presentación del convenio que permitirá que los jueces puedan remitir electrónicamente su resolución de pago de pensión de alimentos al Banco de la Nación y abrir inmediatamente una cuenta. Otro avance para disminuir la burocracia. ¿Es exagerada la preocupación de la Dra. Tello? En absoluto. En el 2024, ingresaron al Poder Judicial 140.410 demandas de alimentos, 5,5% más que en el 2023, con una carga procesal de 223.104 casos de alimentos en trámite.
Los datos del Ministerio Público son igual de dramáticos. En el 2024, se registraron 103.917 denuncias por omisión de asistencia familiar, por encima de delitos como robo, extorsión, estafa, usurpación o delitos contra el patrimonio. Sin embargo, solo se publicaron 2.833 sentencias, es decir, un 3,13% respecto del número de casos ingresados ese año. En años anteriores, el número de sentencias fue aún menor. Pero, por si algún congresista iluminado quiere utilizar estos datos para promulgar una ley sobre denuncias falsas, adelantemos varias causas por las que los procesos de alimentos se caen antes de llegar a sentencia: una justicia que no resuelve en plazos razonables, cuidadores cargados de trabajo e hijos que no pueden atender litigios largos, amenazas de los denunciados, informalidad laboral del deudor, ocultamiento de ingresos y patrimonio, incapacidad de ubicar al denunciado y corruptelas por doquier.
Los mayores perjudicados son, sin duda, los niños, algunos de los cuales se convierten en adultos que se ven obligados a demandar a su progenitor para poder seguir estudiando. No obstante, los costos de atender estos procesos no los asumen los morosos, los asumimos todos. Según la Defensoría del Pueblo (2018), 9 de cada 10 demandas de alimentos son presentadas por mujeres, de las que el 90,2% fueron para reclamar una pensión para sus hijos. Toca un abordaje más transversal, donde el sector financiero juega un rol fundamental, junto con la Sunat, para diseñar algún sistema que registre los millones de personas y negocios que tienen ingresos por pasarelas.
Sin embargo, la inclinación a zafar y desaparecer para evadir responsabilidades no se cura solo con prisiones o juzgados, sino con educación en valores. Las autoridades deben agilizar los procesos de alimentos, formalizar la economía y rastrear las transacciones; pero, mientras eso llega, eduquemos a nuestros hijos para que nuestras siguientes generaciones asuman su paternidad con más responsabilidad que nosotros.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Loterías
