Yanaoca, provincia de Canas, Cusco, 1973. A 150 años de existencia de la justicia de paz en el Perú, Bernardina Rado de Zamalloa, 51 años, asumía el rol de jueza de paz y se convertía en la primera mujer de la que se tiene registro en ejercer esta función en el país. Su liderazgo abrió un camino que, más de cinco décadas después, seguimos recorriendo. La historia de Bernardina es un buen recordatorio para celebrar este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y particularmente el valor agregado cuando una mujer rompe las cadenas históricas de exclusión y participa: la justicia se ha vuelto más accesible, más humana y más cercana a las personas.
El acceso a la justicia es un derecho fundamental, pero también un habilitador crítico para el ejercicio de todos los demás derechos. Es lo que permite a las personas vivir con dignidad, ejercer plenamente su libertad, hacer oír su voz y desplegar su capacidad de acción para definir su vida y su futuro. Sin embargo, en su mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer (2026), el Secretario General de la ONU reiteró su advertencia que, a nivel mundial, las mujeres gozan apenas del 64 % de los derechos legales que tienen los hombres, lo que se traduce en barreras persistentes para obtener protección, reparación y garantías efectivas de derechos.
En el Perú, esta brecha no se expresa únicamente en el plano normativo, sino en la experiencia concreta de las mujeres frente al sistema de justicia, especialmente en contextos rurales y de mayor exclusión. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (INEI, 2025), solo 15% de las mujeres han intentado denunciar cuando han experimentado agresiones físicas, psicológicas o sexuales en los últimos doce meses, mientras que 31,6 % recurrió únicamente a redes personales. Entre quienes se acercaron a instituciones del Estado, la evidencia señaló la persistencia de barreras institucionales vinculadas a la falta de orientación y previsibilidad de los procedimientos, incluso el rechazo de este tipo de denuncias, la duración o inviabilidad del trámite o la ausencia del funcionario. Por otra parte, para muchas mujeres, especialmente en zonas rurales, acceder a una comisaría, a un juzgado o a servicios de defensa legal sigue siendo un proceso costoso, distante y, en ocasiones, revictimizante.
Estas barreras no solo desalientan la denuncia, sino que debilitan la confianza en el sistema de justicia, refuerzan la sensación de desprotección y profundizan la desigualdad, la exclusión y la impunidad. Esta realidad se ve agravada por brechas territoriales, lingüísticas y culturales.
En este sentido, los sistemas de justicia de proximidad cumplen un rol esencial. Se estima que alrededor del 80 % de la población en países en desarrollo recurre a sistemas de justicia tradicional o comunitaria para resolver conflictos (ONU Mujeres, 2023). En el Perú, la justicia de paz es uno de los pilares de ese acceso con un enfoque intercultural y territorial. Hoy existen alrededor de seis mil jueces y juezas de paz en el país (Poder Judicial, 2024), que actúan como primera —y muchas veces única— instancia de justicia en comunidades rurales y alejadas. Sin embargo, persiste una brecha significativa de género: solo alrededor del 14 % de las juezas y jueces de paz en el Perú son mujeres (Poder Judicial/ PNUD, 2024). Esta subrepresentación no es un dato menor. La experiencia muestra que, en contextos rurales, la presencia de una mujer como autoridad de justicia puede ser determinante para que una víctima de violencia se anime a denunciar, busque apoyo y rompa el silencio.
Cuando las mujeres participan, la justicia cambia. Juezas, fiscales, policías y funcionarias del sistema de justicia fortalecen respuestas más integrales y centradas en las personas. Apostar por su liderazgo y por el fortalecimiento de sus capacidades no es solo una cuestión de equidad: es una inversión en la legitimidad y la cercanía de las instituciones a la ciudadanía.
La tecnología y la innovación suelen ser aliadas clave para cerrar brechas. Acercar la justicia a todas las mujeres y niñas del país requiere modernizar herramientas, reducir tiempos y mejorar la coordinación institucional. En ese contexto, el Poder Judicial, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), impulsó un Sistema Único de Justicia de Paz (SISJUPAZ) en el marco del proyecto Sumaq Justicia. Esta herramienta digital permite agilizar la gestión de casos y mejorar la articulación con la justicia ordinaria, algo especialmente crítico en situaciones de violencia, donde una respuesta oportuna puede marcar la diferencia entre la protección y el riesgo. Solo en 2025, más de mil jueces y juezas de paz fueron capacitados en el uso de este sistema (Poder Judicial, 2025).
Así como Bernardina Rado de Zamalloa abrió camino en 1973, hoy miles de juezas de paz continúan transformando la justicia desde lo local, demostrando que la igualdad no se construye solo con leyes, sino con acciones concretas, liderazgo y voluntad política.
Lo celebramos hoy porque la justicia es indivisible. La justicia pierde su sentido cuando excluye a la mitad de la sociedad.
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