De las marchas al mensaje

Quienes salieron a protestar en las marchas de julio pidieron cuatro cosas, aunque de manera aislada. Un grupo pedía la liberación de Pedro Castillo. Otro, que cierren el Congreso. También estuvieron los que exigían una asamblea constituyente, previo referéndum. Y finalmente estaban los que demandaban un adelanto de elecciones.

El primer pedido es imposible de realizar desde un punto de vista moral y jurídico, pues Pedro Castillo ordenó un golpe de Estado, pero no procedió porque las Fuerzas Armadas no le hicieron caso. Además no solo está en prisión por esta razón, sino también por presuntos actos de corrupción.

En segundo lugar, el Congreso no se puede cerrar; sería un delito y una violación de la norma constitucional. Sus miembros han sido elegidos de acuerdo con lo que manda nuestra Carta Magna. Para que esto suceda, la presidenta tendría que renunciar y, por lo que se deduce de su mensaje a la nación, no tiene la más mínima intención de ello, aunque la ciudadanía lo pide abrumadoramente. Aun en el hipotético caso de que renunciara porque no se podría sostener más en el cargo, sería reemplazada por el presidente del Congreso, quien convocaría a elecciones presidenciales. Además, el Congreso debe aceptar la renuncia, pero, por lo que se ve hasta el momento, entre los legisladores no parece haber la intención de que Dina Boluarte deje el gobierno, salvo en una minoría.

Tampoco es viable una asamblea constituyente porque no está prevista en la Constitución vigente. Esta solo sería una salida política y demandaría que la mayoría de los partidos, grupos y grupitos que hay en el Congreso, o fuera de este, se pusieran de acuerdo, como sucedió en Chile, pero consultando primero al pueblo vía referéndum, como también sucedió en el vecino país.

En su homilía por Fiestas Patrias, monseñor Carlos Castillo describió con meridiana exactitud la situación política actual al afirmar lo siguiente: “muy pocas veces hemos llegado al 28 de julio en una situación igual de incertidumbre, tensión y división política como la que hoy vivimos. Por eso, desde mi misión, me corresponde hacer con todo respeto la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse unos minutos en la situación de los que más sufren, afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en los que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación”.

Estas dos últimas palabras las deben tener muy en cuenta la presidenta, sus ministros, los congresistas, otros funcionarios y la ciudadanía. Si bien luego, en su mensaje, la presidenta pidió perdón por los luctuosos actos de diciembre y enero, ella y todo su Gabinete deben someterse a la justicia y reparar el daño ocasionado, pero no en dinero, sino renunciando al cargo y pidiendo que se convoquen a nuevas elecciones generales porque eso es lo que quiere la mayoría ciudadana. La justicia determinará la responsabilidad de todas las partes que causaron violencia en el país en esos dos meses.

No creo que el adelanto de elecciones solucione la crisis moral y de idoneidad que se ha posesionado de la política, sobre todo luego de las cifras que arroja el Latinobarómetro que mide los grados de satisfacción con la democracia en América Latina y el Caribe. En este registro, los peruanos somos los menos satisfechos con la democracia, apenas el 8% aprueba la manera como esta opera, tal y como señala el editorial de El Comercio del 23 de julio.

A pesar de todo, creo que la salida a nuestra crisis tiene que ser democrática por dos razones. Primero, por su flexibilidad, que permite que se puedan producir cambios favorables para el país, quizás mediante una solución de consenso en una mesa de diálogo. En segundo lugar, porque la democracia tiene la solución para sus problemas en ella misma, ya que, por medio de unas elecciones, existe siempre una alternativa a la crisis en la que nos encontramos.

Tampoco hay garantías de que este gobierno se quede hasta el 2026, porque, si bien ahora hay una calma chicha, puede venir un tsunami debido a la brecha social que existe entre nosotros, no de ahora, sino desde el momento en el que no supimos constituirnos en una república de iguales.