Terminamos el 2023 y, al hacer un balance del gobierno de Dina Boluarte, existe cierto consenso en que su mérito principal ha sido la sobrevivencia: logró superar las demandas de renuncia y adelanto de elecciones generales. En esto, la ausencia de opciones percibidas como deseables y viables, así como el cansancio o hartazgo frente a la incertidumbre política, jugaron a su favor. También, para la élite económica, política y social, la comparación con el gobierno de Pedro Castillo cumplió un papel. Boluarte no siguió en absoluto los pasos del líder al que decidió apoyar como candidata a la primera vicepresidencia; por el contrario, marcó claramente distancia de su entorno político y asumió un discurso y tomó decisiones más afines a la mayoría congresal que buscó la vacancia de Castillo desde que fue proclamado ganador de las elecciones. Y se mostró dócil con la mayoría de intereses conservadores, informales y populistas que ahora parecen controlar el Congreso.
¿Tenía opciones la presidenta Boluarte a finales del 2022 para evitar convertirse en la presidenta en la que se convirtió en el 2023? Algunos podrían argumentar que no: el enfrentamiento entre Castillo y el Congreso alcanzó un punto máximo con el intento de golpe y pasó cualquier punto de posible retorno, con lo que seguir la corriente anticastillista parecía una opción necesaria para sobrevivir. Al mismo tiempo, siendo indulgente, podría decirse también que la rapidez, masividad y virulencia de las protestas en contra de su toma de mando la tomó por sorpresa, por lo que se dejó llevar por lecturas conspirativas de estas y optó por el camino de la represión y de ampararse en las fuerzas del orden.
Recordemos que Boluarte asumió la presidencia después del fallido golpe de Estado y de la destitución del presidente Castillo por parte del Congreso el 7 de diciembre. En tanto que su gobierno era percibido cada vez más como ineficiente y corrupto, que sus niveles de aprobación habían caído de manera importante, que la desaprobación superaba a la aprobación en prácticamente todos los sectores del país (salvo en el mundo rural), la masividad de las protestas después de su caída resultó sorprendente. Entre el 9 y el 14 de diciembre, en Apurímac, se registraron seis fallecidos; en Ayacucho, en las protestas del 15 de diciembre, diez compatriotas más perdieron la vida. Las protestas se reanudaron el 9 de enero en Juliaca y terminaron con el saldo trágico de 18 fallecidos más.
En las tres semanas críticas que transcurrieron entre el 15 de diciembre y el 9 de enero, Boluarte tuvo un espacio para buscar algún tipo de diálogo que permitiera apaciguar la situación política, pero al final optó por respaldar el tipo de conducción que impulsó al inicio Pedro Angulo y luego Alberto Otárola desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Después de la represión en Juliaca, y una vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalara en abril que la represión a las protestas “estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, y que en algunos casos podría hablarse de “ejecuciones extrajudiciales” y hasta de “masacre”, Boluarte tomó la decisión de consolidar el rumbo seguido hasta ese momento.
¿Podría Boluarte haber seguido otro camino? Si bien no era sencillo, tampoco era imposible. Boluarte podría haber deslindado con el autoritarismo y la corrupción del gobierno de Castillo y haber intentado mantenerse mínimamente fiel al electorado y al programa por el que hizo campaña en el 2021, enfatizando asuntos sociales y de integración. Recordemos que Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre julio del 2021 y noviembre del 2022. Podría, después de los sucesos de diciembre, haber recompuesto su Consejo de Ministros, ordenar investigaciones exhaustivas sobre lo sucedido y, por supuesto, no haber enfrentado las protestas de enero como lo hizo. La presidenta tiene una gran responsabilidad en el rumbo que siguió su gobierno y no solo fue víctima de las circunstancias.
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