Desde la llegada de Pedro Castillo al poder, hace casi cinco años, el Consejo Fiscal no ha limitado esfuerzos por hacernos saber cómo a través del Ministerio de Economía y el Congreso se está deteriorando la estabilidad fiscal. Sin embargo, en lugar de que nuestros políticos detengan las leyes que aumentan el gasto público, ha ocurrido precisamente lo contrario.
La semana que pasó, el Consejo Fiscal advirtió que durante las últimas tres sesiones del Congreso se han aprobado 11 leyes que generan un enorme gasto público. Y esto ocurre a pesar de que la Constitución establece que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto. Esto es, no puede dar leyes que requieran financiamiento. Solo siete de estas 11 leyes aprobadas en el 2026 tendrán un costo anual permanente de S/11.400 millones. Una de estas leyes, la que implica el mayor costo, es la ley impulsada y celebrada por la congresista Flor Pablo, que nivela las pensiones de los maestros jubilados y cesantes a los sueldos de los maestros en actividad. Solo esta ley nos costará más de S/8.000 millones y fue aprobada por insistencia con 82 votos a favor y cero votos en contra. El fujimorismo y Renovación Popular se retiraron antes de la votación.
Keiko Fujimori ha señalado que la estabilidad macroeconómica será una de las principales preocupaciones de su gobierno. Sin embargo, su bancada en el Parlamento ha impulsado o votado a favor de aquellas leyes a las que el Consejo Fiscal está cuestionando por el grave impacto que tendrán, como la ley que modifica el régimen pensionario militar y policial, que tendrá un costo anual de S/15.000 millones, y la ley que otorga beneficios laborales a los trabajadores del régimen CAS, que nos costará S/3.000 millones anuales.
Si los ciudadanos no hacemos la tarea de informarnos sobre lo que hacen los congresistas que llevamos al poder, ¿cómo podremos exigirles rendir cuentas? No basta con quejarnos y sostener que el Congreso no nos representa, cuando en la siguiente elección volveremos a darle nuestro voto a los líderes de aquellas bancadas que están destruyendo el país.
A diferencia de lo que ha sucedido en elecciones anteriores, en esta teníamos mucho mejores candidatos, pero en lugar de promover una verdadera conversación sobre el Perú que los peruanos queremos construir y las políticas públicas que deben ser impulsadas para lograrlo, nos quedamos en el ataque superficial, en la banalidad. Y aquí la prensa no cumplió con el rol que le corresponde. Porque, ¿cómo impulsamos esta conversación si no es a través de los medios de comunicación y el periodismo libre?
Una democracia garantiza espacio para todos los segmentos ideológicos. Y por eso es un sinsentido creer que defendemos la democracia sosteniendo que solo los partidos de derecha deben existir. Eso se llama totalitarismo y es contrario a la democracia. Nuestra visión sectaria hace que precisamente el 80% de peruanos crea que la economía peruana está manipulada para beneficiar a los ricos y poderosos. Esos ricos y poderosos que se preocupan cada cinco años porque solo dos de derecha lleguen a la segunda vuelta, y que luego se desentienden del país.
El Perú tiene grandes retos por delante. Uno de ellos, según el Fondo Monetario Internacional, será corregir los desequilibrios fiscales estructurales que nos han dejado los políticos que pertenecen a las bancadas que hoy nos están pidiendo su voto para llegar al poder. Piénselo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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