Dramática disyuntiva presidencial, por Juan Paredes Castro

El presidente Pedro Castillo ha colocado al Perú en un punto límite de entrampamiento político, económico y social, que a su vez lo coloca a él en el punto límite de tener que gobernar o renunciar.

Hecha la salvedad de que hasta hoy Castillo ha hecho más uso del poder que gobernado en concreto, todo el ventarrón de ineptitudes y escándalos de los últimos 130 días podría convertirse en un huracán en los próximos 130 días, si no sobreviene una rectificación urgente en el manejo del más alto mando del país.

Los elementos y factores de incapacidad moral se revelarán más adelante con evidencia, pero al mismo tiempo con tanta protección de impunidad, que la vacancia presidencial aparecerá, como hasta hoy, anodina, inaplicable y, quizás, vergonzante.

Las evidencias de delitos dentro del Gobierno se revelarán tan sucesivos y obvios, como los casos del ex secretario general de la presidencia Bruno Pacheco, imponiendo ascensos militares y liberación de impuestos desde Palacio de Gobierno, y de la empresaria Karelim López, negociando y cerrando contratos de obras millonarias en el despacho paralelo del mandatario en una casa prestada del distrito de Breña, que a la postre no habrá nada de qué alarmarse porque no habrá nada que investigar.

La sagrada inmunidad que rodea a quien es presidente de la República, jefe del Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales y encarnación de la nación, se habrá vuelto para entonces, irremediablemente, una insultante impunidad.

Elegido para gobernar, con todos los poderes que le otorga su investidura, Castillo luce absolutamente extraviado en el Gobierno como si no estuviese enterado hasta hoy de la enorme dimensión de su cargo; absolutamente complaciente en el reparto improvisado de carteras ministeriales con las que, de ninguna manera, podrá cumplir su promesa de no más pobres en un país rico; y entregado a dividir a los peruanos en buenos y malos a nombre de un “pueblo” que para él es todo o nada.

Antes de que el entrampamiento político, económico y social ceda su paso al caos extremo, antes de que su acelerado desgaste como mandatario no tenga forma de recuperación posible y antes de que la calle amenace con sacarlo del poder, Castillo tiene que darle una respuesta al Perú en el límite de su compromiso y su capacidad para gobernar de verdad o apartarse del poder.

Así las cosas, el presidente tiene ante sí las siguientes cinco premisas para gobernar y las siguientes cinco premisas por las cuales tendría que renunciar.

—Premisas para gobernar—

1. Declarar su absoluto respeto por la Constitución vigente y desechar el proyecto de asamblea constituyente que tanta incertidumbre e inestabilidad política, económica y social ha generado en el país.

2. Asumir su elección como gobernante y no como constituyente, por lo que su función no es dotar al Perú de una nueva Carta Política, sino la de procurarle paz, seguridad, desarrollo y bienestar.

3. Devolverle la confianza a los agentes económicos, empresariales, financieros, productivos y comerciales, para acortar las brechas de desempleo y pobreza, mediante una mejor y más sostenida redistribución de los ingresos. No más daño de la PCM a la minería formal.

4. Romper su pacto con el silencio, ocultamiento y secretismo de los asuntos de gobierno y Estado, obligándose a garantizar una total apertura y cobertura de las fuentes informativas del gobierno y del Estado.

5. Hacer de la política exterior del Perú una extensión sana y respetable de un Estado democrático abierto al mundo y opuesto a toda intromisión externa en sus asuntos internos, incluida la que pretende vulgarmente perpetrar Evo Morales.

–Premisas por las cuales tendría que renunciar–

1. Negarse a retirar de plano de su agenda presidencial el objetivo de una asamblea constituyente como factor perturbador y desestabilizador del funcionamiento del país.

2. Negarse a transparentar la función presidencial, actualmente reducida a un peligroso doble estándar de pública y oculta.

3. Negarse a excluir de su entorno a operadores “de confianza” sin función pública reconocida y de evidente influencia sobre los actos y decisiones presidenciales.

4. Negarse a romper decidida y definitivamente con aquellos compromisos políticos radicales, algunos de ellos ligados al senderismo criminal, al narcotráfico y al separatismo étnico regional.

5. Negarse a reconocer el derecho a la plena e irrestricta libertad de prensa y a entender que el derecho a la información está del lado de la sociedad y no del lado del gobierno.

Señor presidente, sea usted coherente y decente con su mandato presidencial: oblíguese a gobernar bien y busque su lugar en la historia, o renuncie con honor, antes de ser recordado como el elegido que le causó un profundo e irreparable daño al Perú.

Haga valer su “palabra de maestro”.