El abandono del Perú

La inestabilidad política que enfrenta el Perú desde hace varios años, y que habría alcanzado un pico máximo en el gobierno de Pedro Castillo con las muchas acusaciones de corrupción que lo persiguen desde que llegó al poder, no parece alcanzar a los ciudadanos. ¿Cómo podemos explicarnos la apatía de los peruanos frente a lo que viene sucediendo?

Para una gran mayoría, la política es algo muy lejano, que no tiene impacto alguno en sus vidas. Desde la periferia de las ciudades y en los poblados más pequeños, los peruanos intentan sobrevivir día a día. Apoyo Consultoría calcula que en el Perú alrededor de 1,3 millones de peruanos pasa hambre; es decir, no puede cubrir el costo de una canasta básica de alimentos. Mientras que la FAO ha encontrado que, como consecuencia de la crisis alimentaria que viene atravesando el Perú, agravada por la pandemia, hoy tenemos 6,8 millones de personas que están en inseguridad alimentaria grave. Esto significa que no consumen comidas completas durante un día o más. De hecho, el 87% de los hogares de los niveles socioeconómicos D y E ha debido reducir su consumo de alimentos, y en aquellos casos que han podido mantenerlos ha sido a costa de sacrificar otros gastos. Esta situación que enfrentan millones de peruanos tendrá un impacto importante en la incidencia de anemia y desnutrición.

El BCR había estimado que la inflación del 2022 llegaría a 7,45%. Sin embargo, la inflación acumulada a agosto es ya de 6,3%. La inflación es el aumento general de los precios, que da como resultado que, por cada sol, los peruanos compren hoy menos bienes y servicios que los que compraban un día antes. En estricto, la inflación opera como un impuesto para los más pobres, reduciendo lo que pueden comprar con su dinero y, con ello, el valor de su trabajo. Pero las cifras son engañosas, porque en realidad la inflación promedio en el Perú no refleja cuál es la inflación que sufren las familias de los niveles socioeconómicos más pobres. Como estas poblaciones dedican un porcentaje mayor de sus ingresos a alimentos, el impacto real de la inflación es mucho mayor en ellos que en los peruanos de los estratos socioeconómicos más altos.

Para enfrentar la crisis, los peruanos están recurriendo cada vez más a ollas comunes y comedores populares. La encuesta del IEP de setiembre encontró que, en las semanas anteriores, más de tres millones de personas habían comido en ollas comunes. Por otro lado, muchos peruanos se han visto obligados a obtener una segunda fuente de ingresos, un segundo trabajo, para poder cubrir los gastos de su familia.

Cuando las necesidades de las personas son urgentes y no existe confianza en que el Estado los ayudará a enfrentar la crisis, difícilmente la política es una de sus prioridades. En este escenario, la incapacidad del Gobierno está empeorando aún más la situación de los más pobres del país. No se trata solo de las inacabables acusaciones de corrupción, se trata del copamiento de las instituciones del Estado por personas sin preparación y cuyo único interés es llenarse de dinero. Esto es lo que se conoce como la privatización del Estado. Es decir, la utilización del Estado para beneficio personal. Al destruir las instituciones, llenándolas de personas sin conocimientos, la calidad de vida de los peruanos decae.

Pero ¿qué sucede con el resto de peruanos? ¿A qué responde la apatía que se siente en las calles? ¿Qué estamos esperando para levantar la voz? El Perú ha emprendido un rápido retroceso hacia los años 80, con todo lo que ello implica. Y, sin embargo, aquellos que sí entendemos el impacto que el gobierno de Castillo tendrá no solo hoy, sino en mayor medida en los años por venir, seguimos en silencio porque no nos sentimos responsables del país que hemos construido, con instituciones débiles y extractivas que responden a los intereses particulares de turno. Y es que, en el Perú, la corrupción y el mercantilismo han sido siempre la norma, mientras callamos frente al abandono de los peruanos más pobres.