El “anticaviarismo” como categoría política

Si bien en el debate político doméstico peruano se suele usar comúnmente el término peyorativo “caviar”, ¿tiene sentido usarlo como categoría política? Hasta no hace mucho, parecía no tener sentido validar un término usado para denostar a los adversarios políticos y que suele usarse de una manera imprecisa y alejada de su sentido original.

Este aludía a la supuesta incoherencia existente entre sectores de izquierda “acomodados” que manejaban discursos radicales y críticos contra el sistema, pero que gozaban de sus privilegios. Sin embargo, a raíz de sucesos recientes, como la cuestionada elección del defensor del Pueblo por parte del Congreso, así como la elección de mayo del año pasado de seis miembros del Tribunal Constitucional, entre otros, con amplias mayorías en las que convergieron grupos conservadores de izquierda y de derecha en nombre de la necesidad de “descaviarizar” el Estado, estaríamos ante una categoría relevante, que requiere de un examen más riguroso.

El Congreso, en principio, debería representar las preferencias de los votantes en las últimas elecciones. Los resultados de las elecciones generales del 2021 no necesariamente anunciaban el tipo de conductas que queremos explicar. Es más, uno de los problemas diagnosticados como principales de la política peruana es el alto nivel de fragmentación y sus crecientes niveles de polarización, lo que haría más difícil llegar a acuerdos y tomar decisiones. Inesperadamente, este Congreso se caracteriza por la súbita habilidad para gestar mayorías en torno a posiciones conservadoras y fortalecer las prerrogativas del Parlamento.

Pero no se trata precisamente de la convergencia en torno a valores, ideologías bien definidas, lo que podría ser legítimo. Se trata de una estrategia de copamiento y control de las instituciones, pasando por encima de procedimientos y de exclusión de otros sectores, donde la defensa de intereses particulares juega un papel central.

No solamente estamos ante un desplazamiento de posiciones liberales en la derecha y de posturas progresistas en la izquierda por el avance de posturas conservadoras. Ocurre, también, que estamos ante el intento de control de instituciones clave en el funcionamiento del sistema de justicia por parte de sectores que están siendo investigados y procesados por la comisión de delitos graves.

Desde el 2011, el gran frente anticorrupción gestado a finales de la década de los años 90 (del que eran parte Alejandro Toledo, Lourdes Flores, Jorge del Castillo, Javier Diez Canseco y Álvaro Vargas Llosa, por mencionar algunos nombres que dan cuenta de su amplitud) se fue desestructurando. No solo los “fujimontesinistas” se sintieron acosados por el sistema de justicia, sino también sectores del saliente segundo gobierno aprista.

Más adelante, con las revelaciones del Caso Lava Jato y los ‘CNM audios’, en el 2016 y el 2017, que afectaron a derechas e izquierdas, grandes empresarios y una amplia variedad de políticos locales, jueces y fiscales, el frente interesado en detener el activismo judicial y la causa de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional se hizo muy amplio, y en este se mezclaron intereses oscuros con críticas legítimas a los excesos de la administración de justicia. A esto se sumó el rechazo a investigaciones asociadas a violaciones de los derechos humanos que involucran a varios gobiernos, que suman al rechazo a la institucionalidad judicial.

La bandera de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional empezó a ser denunciada como “caviar”, como la estrategia de un grupo de interés. Así, el “anticaviarismo”, lamentablemente, expresa mucho más que una reacción conservadora.

Ciertamente, nuestro sistema de justicia tiene serios problemas de legitimidad. Es cierto que muchas de las líneas de investigación y acusación fiscales suenan arbitrarias y antojadizas, y que se han cometido múltiples excesos en los últimos tiempos, como, por ejemplo, con el abuso de detenciones preliminares. Pero estos problemas deben combatirse fortaleciendo la institucionalidad y la calidad de los responsables de las entidades parte del sistema de justicia, no abriendo al paso al cuoteo político y a la arbitrariedad.