Héctor Villalobos

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a la entonces todopoderosa caminando por el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. A unos metros de distancia se aprecia a su mentor, Aníbal Torres, dirigiéndose al Despacho Presidencial. La fecha es el 6 de diciembre del 2022, un día antes del golpe de Estado que protagonizó el jefe y compinche de ambos, Pedro Castillo. Chávez sostiene con ambas manos un teléfono celular a la altura de su rostro. Aparentemente está realizando una videollamada.

Ese teléfono celular, que debe tener registradas todas las coordinaciones previas y el pánico posterior al torpe golpe de Estado, se encuentra hoy desaparecido. Solo Betssy Chávez –o algún cómplice– sabe dónde está el equipo. La fiscalía señala que “la imputada habría destruido y/o ocultado su equipo celular”. La práctica de destruir pruebas ha sido moneda común entre los integrantes del régimen pasado. El antecedente de Beder Camacho tirando celulares al mar de La Punta y quemando documentos así lo confirma.

Cuando la fiscalía y la policía allanaron el pasado 23 de marzo la vivienda de Chávez en Magdalena, solo encontraron dos celulares analógicos. Uno en la cocina y el otro en la lavandería. Ni rastro del smartphone que Chávez utilizó antes, durante y después del golpe de Estado.

El mencionado celular no es el único elemento potencialmente incriminatorio que desapareció. La fiscalía también da cuenta de que el equipo de cómputo que le fue asignado a Chávez fue escondido el día del tembloroso mensaje de Castillo en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y que este recién fue hallado el 9 de marzo.

Además de desaparecer pruebas y dar trabajo en el Estado a los familiares de su pareja, la pupila de Aníbal Torres también tenía otra mala costumbre que es mencionada por el Ministerio Público: su facilidad para escabullirse de la policía. Entre el 9 y 10 de marzo protagonizó lo que ha sido calificado como un “intento de fuga”, al haber burlado a su seguridad policial y permanecido oculta por varias horas.

Todos estos elementos, que son citados en un informe de Karem Barboza publicado en El Comercio, serán expuestos hoy por la fiscalía en el inicio de la audiencia judicial en la que se resolverá el pedido de 18 meses de prisión preventiva para Chávez y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta. Si no ocurre nada raro, la diligencia deberá iniciarse a las 10 a.m.

No se sabe con certeza cuántos días le tomará al juez elaborar y dar a conocer su decisión, pero no es difícil vaticinar el sentido de esta. Al menos en lo que respecta a la ex primera ministra.

La metamorfosis de Betssy Chávez no deja de sorprender. Durante la campaña electoral fue ingenuamente considerada como el rostro moderado y dialogante de Perú Libre. Poco a poco el discurso conciliador fue mutando a mensajes desafiantes y coléricos. Empezaron a conocerse sus vínculos con Rodolfo Orellana y los cuestionamientos a su tesis hasta llegar a las denuncias de contrataciones irregulares en su despacho. Cuando Castillo tomó la disparatada decisión de nombrarla primera ministra, Chávez ya arrastraba varios pasivos. Su designación fue coronada con la difusión de un video que confirmaba su negado vínculo amoroso con su “joven paisano” Abel Sotelo.

Atrás quedaron las circulinas, las escoltas abriendo paso a su vehículo, el fajín ministerial. Hoy Betssy Chávez deberá enfrentar a la justicia y lo más sensato sería que vaya alistando una bolsa con sus objetos personales.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Héctor Villalobos es editor de Política

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