El costo de negar la evidencia

Una de las más recientes cruzadas de Donald Trump ha sido atacar uno de los fármacos más usados durante décadas: el paracetamol. Sin presentar evidencia científica alguna, el mandatario estadounidense ha afirmado que el uso de este medicamento durante el embarazo causa autismo y ha exhortado a las embarazadas a evitarlo. Lo sostuvo en una comparecencia en la Casa Blanca junto a altos funcionarios del ámbito sanitario, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus posturas antivacunas.

Casi de inmediato, instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos reafirmaron que no existe evidencia concluyente que respalde una relación causal entre el paracetamol prenatal y el autismo. En consecuencia, mantienen las recomendaciones vigentes para que las embarazadas usen este fármaco en dosis mínimas cuando sea necesario.

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que abarca un espectro amplio de manifestaciones. Su causa no es simple ni única. Más bien responde a una compleja interacción entre predisposición genética y factores ambientales. En las últimas décadas, la ampliación de criterios para detectar casos que antes quedaban sin diagnóstico y una mayor conciencia social han contribuido al aumento estadístico de casos reportados, y no a una súbita “explosión” de autismo.

Aquí es donde la ciencia cobra sentido y donde la política debe mantenerse al margen. La ciencia es un proceso lento, exigente, transparente y autocrítico. Implica hipótesis formuladas, experimentos controlados, revisión por pares, replicaciones, ajustes metodológicos. Por eso, cuando un gobernante aprovecha su posición para propagar afirmaciones médicas sin respaldo, socava la confianza pública en lo que es más básico: que las indicaciones sanitarias respondan a la evidencia, no al oportunismo político.

El primer mandato de Trump coincidió con el estallido del COVID. Entre otras propuestas, lanzó la peligrosa sugerencia de que los ciudadanos probaran inyectarse desinfectante en el cuerpo para combatir el coronavirus. Teorizó también sobre la posibilidad de usar una “tremenda luz ultravioleta o simplemente una luz muy poderosa” sobre el cuerpo para eliminar el virus. Haber nombrado en su segundo mandato a Kennedy como secretario de Salud es toda una declaración de intenciones de su posición anticiencia.

Pero cifras concretas muestran lo mucho que la ciencia ha salvado vidas. Según los prestigiosos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre 1994 y el 2023 las vacunas de rutina en dicho país previnieron aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y 1’129.000 muertes. Seis expresidentes de comités asesores de vacunas de los CDC han advertido que el sistema de desarrollo, licencia y vigilancia de vacunas está siendo atacado por la politización, con los riesgos para la salud pública que ello implica.

Desarrollar vacunas seguras y eficaces implica años de estudios clínicos, ensayos de seguimiento postautorización, vigilancia permanente de reacciones adversas. Son procesos costosos en recursos humanos, materiales, regímenes regulatorios y supervisión. Esa misma estructura debe protegerse de sesgos políticos, presiones electorales y populismos.

El episodio Trump-paracetamol no es una extravagancia retórica más. Tiene consecuencias concretas. Si embarazadas evitan un fármaco necesario por temor infundado, podrían exponerse a fiebre sin control, dolores extremos y otras complicaciones.

Cuando los gobernantes usurpan la autoridad científica para sus fines, no solo desinforman, sino que erosionan la posibilidad misma de un diálogo basado en evidencia. La anticiencia puede surgir en la derecha (por ejemplo, rechazo al cambio climático, negacionismo) o en la izquierda (reticencia a las vacunas, terapias alternativas, conspiraciones farmacéuticas), pero siempre comparte un rasgo común: traslada al terreno de lo subjetivo algo que no lo es. Convierte afirmaciones científicas avaladas por métodos y revisiones en “opiniones” susceptibles de interpretación política. Cuando eso ocurre, el debate público degenera en polarización y confrontación: el que piensa distinto ya no es adversario ideológico, sino enemigo de la “verdad”.