El Estado que nadie quiere arreglar

Hay una pregunta que ninguno de los dos candidatos que disputarán la presidencia del Perú este 7 de junio puede responder con honestidad: ¿qué van a hacer, concretamente, para que el Estado funcione?

No en abstracto. No con retórica sobre “el pueblo” o sobre “el orden”. Sino en lo concreto y cotidiano: que el hospital atienda, que la escuela enseñe, que el agua llegue limpia, que el policía responda. Que el funcionario que toma decisiones que afectan tu vida sepa lo que está haciendo y lleve más de tres meses en el cargo.

El Perú arrastra décadas de deterioro del servicio público. Una burocracia fragmentada en decenas de regímenes laborales distintos donde el mérito hace rato dejó de ser el criterio de selección. En los últimos diez años, nueve presidentes han pasado por Palacio. Los gobiernos de Castillo y Boluarte, juntos, acumularon casi 170 ministros en cuatro años. Sesenta de ellos duraron menos de 100 días. Las políticas públicas serias se vuelven imposibles si el titular de la cartera no tiene ni tiempo para conocer dónde queda el baño.

El resultado está en las cifras: 25,7% de pobreza en el 2025, lejos aún del 20,2% previo a la pandemia. Más de 11 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad, a un robo o una enfermedad de caer en la pobreza. No sorprende cuando tienes escuelas que no enseñan, agua que no llega, y un programa de alimentación escolar —Qali Warma— que se convirtió en símbolo del fracaso estatal por envenenar a los niños más pobres del país, a los que tenía que alimentar.

El problema no está en la Constitución del 93, ni en el capítulo económico, ni en la ley que crea estos programas sociales. El problema está en la calidad de los gestores públicos convocados a integrar estas instituciones. La incompetencia y la corrupción se combaten con compromiso político real, no con nuevos textos constitucionales.

Para entender cómo se ve una institución pública que sí funciona, basta mirar el Banco Central de Reserva. Bajo la conducción de Julio Velarde —uno de los banqueros centrales más respetados de la región— el BCR ha mantenido la inflación controlada, las reservas internacionales sólidas y la credibilidad macroeconómica del país intacta, atravesando nueve presidentes distintos. La receta no es secreta: selección meritocrática, continuidad técnica y blindaje frente a la interferencia política. Exactamente lo opuesto a lo que ocurre en el resto del Estado.

No es casualidad, entonces, que Velarde le resulte insoportable a Roberto Sánchez. Durante la primera vuelta, el candidato de Juntos por el Perú declaró que Velarde era “una vergüenza” y que lo sacaría si llegaba a la presidencia. Es una amenaza reveladora. Lo que Sánchez lee como un defecto —la independencia técnica del BCR— es precisamente su mayor virtud. Y su disposición a eliminarla dice todo sobre cómo concibe el poder.

Porque la propuesta estrella de Sánchez no es mejorar el Estado: es cambiar la Constitución. Chile intentó cambiar la suya dos veces y fracasó en ambas. Bolivia cambió la suya en el 2009 y sus servicios públicos siguen siendo precarios. Una Constitución puede proclamar derechos; no puede seleccionar a los mejores funcionarios ni crear cultura de servicio público donde no existe. Y quien quiera una señal de lo que sería un gobierno de Sánchez no necesita mirar muy lejos: fue ministro de Castillo, el período de mayor caos institucional en décadas, y lo reivindica.

El verdadero problema del Perú no radica en los artículos de la Carta Magna, sino en que la meritocracia fue dinamitada. El servicio público es visto como botín o refugio de militantes, no como una carrera de honor. Y este mal es transversal a todos los partidos: APP de Acuña en Salud, “los Niños” de Acción Popular, los “somistas” de Somos Perú. Todos usaron el Estado como caja chica.

El 7 de junio millones de peruanos irán a las urnas esperando, como siempre, que algo cambie. Tienen razón en exigirlo. Pero ningún voto resuelve lo que ningún candidato quiere nombrar: que el Estado Peruano está roto por dentro, y que arreglarlo requiere menos promesas y más gestores que se queden, que sepan y que rindan cuentas. Eso no aparece en ningún plan de gobierno. Y esa ausencia es, en sí misma, la condena.