Josué Gutiérrez no es un analista político. No lo invitan a los programas periodísticos para que actúe como gurú del acontecer nacional ni para proyectar escenarios hipotéticos. Es el defensor del Pueblo. Y debería ejercer como tal. Sus declaraciones tienen un peso institucional. Tiene todo el derecho a compartir sus opiniones con sus amigos, pero cuando habla en un medio de comunicación, debe recordar que representa a una entidad que vela por los derechos constitucionales de las personas. Ya no está pronunciándose como un excongresista nacionalista o como el abogado de procesados por corrupción.
Josué Gutiérrez no es un analista político. No lo invitan a los programas periodísticos para que actúe como gurú del acontecer nacional ni para proyectar escenarios hipotéticos. Es el defensor del Pueblo. Y debería ejercer como tal. Sus declaraciones tienen un peso institucional. Tiene todo el derecho a compartir sus opiniones con sus amigos, pero cuando habla en un medio de comunicación, debe recordar que representa a una entidad que vela por los derechos constitucionales de las personas. Ya no está pronunciándose como un excongresista nacionalista o como el abogado de procesados por corrupción.
“Si mañana la señora Keiko Fujimori cierra el Congreso, va a subir veinte o treinta puntos su popularidad”, dijo esta semana en una entrevista con Exitosa. Aunque luego intentó poner todos los parches posibles y aseguró ser “un demócrata”, lo cierto es que planteó una eventual ruptura constitucional desde la óptica del beneficio político que esto representaría.
Sin proponérselo, Gutiérrez ha logrado algo poco frecuente en la clase política peruana: el consenso. Tan desatinadas han sido sus declaraciones que los colores políticos quedaron de lado y la unanimidad se impuso en el Congreso. Izquierdistas y derechistas, fujimoristas y castillistas, todos los legisladores que se han pronunciado han coincidido en rechazar enfáticamente las declaraciones del defensor que, en sus ratos libres, funge de comentarista político.
En un país con antecedentes recientes de rupturas constitucionales e inestabilidad política, plantear escenarios hipotéticos y calcular cuántos puntos de aprobación sumarían revelan una tremenda irresponsabilidad y una preocupante ligereza.
La Defensoría del Pueblo está próxima a cumplir 30 años. Es una institución que merece estar encabezada por alguien que asuma el reto de ser un contrapeso a los abusos del poder y no por un frívolo opinante que, en cada intervención pública, desmerece el alto cargo que ocupa.
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