Pese a la abrumadora cantidad de razones para que José Jerí se vaya de Palacio, la protección de los partidos que cortan el jamón en el Congreso –Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú– le permite continuar como presidente. Nos convierten así en una ‘república neobananera’, en la que se garantiza la estabilidad de la corrupción en lo más alto del poder.
Si los ‘Chifagates’ son más que suficientes para repudiar a quien ocupa el sillón de Pizarro, la estafa que le hizo al país, al asegurar que durante su breve período iba a dar avances sustantivos en la seguridad ciudadana, es mucho más grave porque hizo populismo con la vida y la muerte de las personas.
A estas alturas –y pese a hacer malabarismos para que las cifras del crimen parezcan un poquitín más bajas–, la propia información oficial reunida y ponderada por el INEI lo desmienten.
La subida de la tasa de homicidios –de 10,1 en el 2024 a 10,7 en el 2025–, que da cuenta de 3.675 personas asesinadas, es el mayor incremento de la tasa de homicidios desde el paréntesis de la pandemia. La cifra supera holgadamente las 2.240 del Sinadef, siendo parte de la explicación que hay un bolsón de muertes violentas demasiado grande (2.256) que aparecen como causa ignorada, pese a que según el analista de datos Juan Carbajal lo fueron por armas de fuego.
Peor aún, el jefe del INEI ha declarado que el 10,7 es un estimado preliminar y que la tasa puede ser de hasta 11,2, con lo que el 2025 habría cerrado con más de 4.000 asesinatos, alrededor de 600 más que el 2024.
La desproporción de “causa ignorada” me genera dudas en el manejo de la información por parte del Sinadef. Desconfío más aún de las del Sidpol, manejadas en exclusiva por la PNP, que impide el acceso a la información cuando no le conviene que la data se conozca y da cuenta de cifras “favorables” cuando le urgen a un gobierno agónico.
Es por esa preocupación que en el Observatorio del Crimen y la Violencia (OCV) hemos desarrollado un sistema de registros propios que nos ha permitido en el 2025 documentar 1.826 homicidios con información detallada. Entre otras, descripción del hecho, región, provincia y distrito donde sucedió, nombre, sexo, edad y ocupación de la víctima.
Entre varios otros temas de interés público que abordamos, en el reporte 5 del OCV focalizamos esa información, partiendo de la premisa de que una política pública de seguridad requiere a la vez de planes generales y específicos según el lugar.
La focalización permitiría apuntar específicamente dónde se concentra el problema e impediría que los vecinos se contagien haciendo que el problema se haga más extendido, como viene ocurriendo hasta ahora.
Damos cuenta de que en 8 de las 26 regiones del país (incluyendo el Callao como si lo fuera) se han producido el 84% del total de los homicidios ocurridos en el 2025. En el caso de las provincias, podemos decir que en 30 de las 196 se han concentrado el 91% de las víctimas.
En Lima y Callao, 20 de los 50 distritos concentran al 91% de los asesinatos. Me impacta en particular cómo solo en dos del Callao –Ventanilla (59) y Bellavista (39)– han tenido lugar 98 homicidios.
En los 1.840 distritos del resto del país, solo 50 concentran el 59% de todos los casos. Lo más llamativo siendo que los cuatro que encabezan la lista –Sullana, Pataz, Tumbes y Ananea– sufren de diversas maneras el fuerte impacto de la minería ilegal.
Lamentablemente, ya transcurrido todo enero, las cifras preliminares que manejamos no son nada alentadoras sobre lo que será el 2026.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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