Rodrigo Barrenechea

El año pasado, junto a Alberto Vergara, publicamos “Democracia asaltada: el colapso de la política peruana y una advertencia para América Latina” (Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico). En el libro, exploramos los efectos que tiene el deterioro extremo de la representación política sobre la democracia peruana. Aquí, sin embargo, quiero centrarme en sus efectos sobre el Estado.

Hay al menos tres mecanismos que vinculan el debilitamiento de la representación democrática con un debilitamiento de la calidad del Estado y las políticas públicas. Primero, a través del efecto de la fragmentación política sobre el particularismo en el Estado. Nuestros Congresos no solo inician con numerosas bancadas, sino que continúan fragmentándose entre elección y elección. Esto ha hecho a los partidos proclives a responder a grupos de interés particularistas. Bancadas pequeñas responden a presiones de agendas igualmente menudas y tendientes a la depredación, desapareciendo el interés público del horizonte. Un ejemplo claro es la reforma de la Sunedu en el 2022, promovida por congresistas con vínculos universitarios, que redujo los estándares meritocráticos en la superintendencia y facilitó licenciamientos. Más universidades, peor educación.

El segundo mecanismo que vincula la crisis de representación con el debilitamiento del Estado es el de la autoselección perversa de funcionarios públicos. Una elección que produce un débil y de baja legitimidad desde sus inicios, y en el que intereses particulares tienen mayor influencia de la usual, tiene baja capacidad de atraer a ciudadanos competentes y con prestigio profesional en sus áreas de especialización. Por el contrario, quienes en estas condiciones tienden a acercarse al servicio público y a ocupar posiciones de poder son quienes perciben los gobiernos débiles y desprestigiados como una oportunidad para alcanzar posiciones que de otra manera estarían cerradas para ellos. El caso de Petro-Perú es emblemático: tras malos nombramientos durante el gobierno de Castillo, sufrió una grave crisis de eficiencia y liquidez, culminando en el 2024 con el reconocimiento oficial de dificultades para atraer profesionales idóneos a su directorio. Menos combustible, más depredación.

El tercer mecanismo es la inestabilidad de los cargos públicos en contextos de debilidad política. La inexperiencia política de quienes ocupan el poder en contextos de descomposición política afecta la calidad de la burocracia a través de la inestabilidad ministerial. Los políticos inexpertos suelen rodearse de aliados similares a ellos, que carecen del conocimiento y las conexiones políticas necesarias para desarrollar su labor con competencia y ganar estabilidad en el cargo. Por ejemplo, Alan García, un político experimentado, tuvo cuatro gabinetes ministeriales en 1.509 días; Pedro Castillo alcanzó esta cifra en apenas 205 días y ha seguido el mismo camino. Más ministros, menos bienestar.

El debilitamiento extremo de la representación no solo ha afectado la democracia, sino que ha sido un ‘shock’ de debilitamiento del Estado. Esto ha mellado su capacidad para cumplir sus funciones, desde las más complejas, como combatir al crimen organizado, hasta las más sencillas, como la emisión de pasaportes. Los resultados de las próximas elecciones pueden ser el inicio de la recuperación del Estado o pueden profundizar su asalto.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Rodrigo Barrenechea es Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP)

Contenido Sugerido

Contenido GEC