¿Hacia dónde nos lleva Pedro Castillo?, por Maria Cecilia Villegas

El gobierno de Pedro Castillo y sus aliados de izquierda han emprendido una campaña en contra de los empresarios. La lucha de clases ha sido siempre la mejor estrategia de la izquierda para poder capturar a sus electores y mantenerse en el poder, debilitando instituciones y socavando la democracia.

La creación de un enemigo común contra el cual se enfrentan grandes luchadores sociales, aglutinando detrás al “pueblo”, es una estrategia conocida. Los gobiernos autoritarios de izquierda suelen elegir a Estados Unidos, “el imperio”, como el enemigo predilecto. Y no podría ser de otra manera, pues este país, con todas las críticas que puede hacérsele, es el líder del mundo libre. Recordemos que es el ejercicio de las libertades lo que limita al Estado y detiene la formación de dictaduras. Coartar las libertades de los ciudadanos se convierte en el principal objetivo de un gobierno autoritario y, entre ellas, la económica es la preferida de las izquierdas.

Prefieren relativizar el rol que los empresarios –los buenos empresarios– tienen en una sociedad. El empresario es el único generador de riqueza en un país. Sin un empresario que tenga una idea y consiga el dinero para invertir, no se genera riqueza ni puestos de trabajo y no hay servicios ni bienes para satisfacer la demanda de los ciudadanos. Sin empresarios no hay ingresos para el Estado. Sin inversión privada todos los peruanos perdemos. La incertidumbre generada por el Gobierno ha llevado a que se pongan en suspenso diversos proyectos de inversión. El Banco Central de Reserva ha proyectado que el crecimiento de la inversión privada en el 2022 será 0%.

Un país para crecer y acabar con la pobreza necesita de empresarios que se la jueguen, que inviertan y generen riqueza, puestos de trabajo, y que paguen impuestos. El Perú es un país de empresarios grandes, medianos y pequeños. Son el motor de la economía. Muchos de ellos son informales porque las leyes en el Perú hacen de la formalidad un club privado, al que solo pertenecen unos cuantos. Hoy, el 78% de la población económicamente activa (PEA) se desarrolla en el sector informal. Y es precisamente la informalidad la que debería ser el objetivo de este Gobierno. ¿Cómo generamos incentivos para que los informales logren formalizarse, actuar dentro del Estado de derecho, cumplir con las leyes, generar trabajo y pagar impuestos? Pero la informalidad no le hinca el hígado al ministro Francke, quien está empeñado en cobrarle más a quienes ya aportan al país.

En el Perú, la presión tributaria, que es la recaudación (el cobro de impuestos) calculada como porcentaje del PBI, es relativamente baja cuando la comparamos con la de otros países de Latinoamérica. Sin embargo, es importante tener cuidado con cómo se recauda más. Necesitamos ampliar la base tributaria: lograr que más empresas y personas paguen impuestos. Si aumentamos los impuestos de manera irracional a quienes ya vienen pagando impuestos, podemos restarles competitividad y hacer que el Perú no sea un país deseable para invertir. Ya enfrentamos un serio problema de falta de infraestructura, baja calidad de capital humano, por las deficiencias del sector educación, y alta conflictividad social. El Perú necesita políticas que atraigan inversión, no que la espanten.

Y pese a lo anterior, el Gobierno ha decidido pactar con lo peor de la informalidad y la violencia. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas tenemos a ministros y funcionarios que azuzan y empoderan a quienes utilizan la violencia como mecanismo de negociación. En Transportes, el ministro acuerda extender las autorizaciones a las combis y coasters por diez años más y entregar las cabezas de las entidades fiscalizadoras: ATU y Sutrán. Ha ofrecido también enviar un proyecto de ley al Congreso para la condonación de los S/53 millones en papeletas que los transportistas le deben al Estado. Y uno se pregunta: ¿qué país quiere Pedro Castillo?