¿Inclusión con democracia iliberal?

En el discurso al recibir sus credenciales de presidenta electa, Keiko Fujimori trató de que la escucharan los sectores que no votaron por ella —lo dijo expresamente— o que lo hicieron con dudas.

Sus palabras, que parecen apuntar a la construcción de un discurso propio, contienen afirmaciones que tendrían que ser validadas en el cortísimo plazo, por ejemplo, anunciando el mismo 28 de julio proyectos que deroguen las leyes procrimen y la del colegio de artistas, el uso del fuero militar y policial para delitos de función, y medidas vinculadas a la lucha contra la inseguridad que se ajusten al Estado de derecho.

Así acreditaría su proclamada convicción de que “la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale todo el esfuerzo” y su manifestada certeza de saber que “la confianza ciudadana no se exige, se construye y se fortalece cumpliendo la palabra, ese es nuestro compromiso”.

Las grandes ausencias en el discurso de la presidenta electa han sido el compromiso con la independencia de poderes, la no intromisión en la administración de justicia y la consolidación de derechos individuales y sociales como la libertad de expresión. La omisión de estos principios anticipa una democracia con un débil Estado de derecho; esto es, con un precario contrapeso de poderes y escasas garantías. Lo que se ha dado en llamar una “democracia iliberal”.

En Europa, en los EE.UU. de Trump y en la América Latina de presidentes autoritarios, la democracia iliberal ha sido y es parte central del debate político. En Europa, su gran promotor fue el expresidente de Hungría, Viktor Orbán, que la impulsó desde el 2010: “Bajo la retórica de la democracia iliberal, su gobierno” llevó a cabo “una progresiva desarticulación de los contrapesos institucionales, una captura de los medios de comunicación y una reconfiguración del sistema judicial” (El País, 9/4/2026).

La duda, entonces, es cuál es el peso real de la vocación democrática de quienes van a gobernar el país. Porque la propuesta de inclusión —aquello que la presidenta electa llama los “verdaderos indicadores de éxito” de su mandato: “cada carretera terminada, cada escuela reconstruida, cada hospital funcionando, cada familia que accede por primera vez al agua potable, cada joven que encuentra una oportunidad para estudiar o trabajar”— anuncia un régimen eficiente en el gasto y con objetivos importantes, pero, al mismo tiempo, que estaría poco interesado en respetar y fortalecer la institucionalidad democrática y liberal, es decir, el Estado de derecho.