Mientras el presidente José Jerí hace evidente su esfuerzo por inclinar la curva de la inseguridad interna frente al crimen organizado, el Perú se muestra gravemente indefenso en otros sensibles terrenos.
La inseguridad recorre a lo largo y ancho de la vida institucional pública y privada, desde la ciudadanía, la economía, la empresa, la justicia, las inversiones y el transporte, hasta el sistema electoral, donde los fallos irrevisables de la máxima autoridad los tenemos que encontrar colgados de la brocha en un juzgado cualquiera.
La pérdida de autoridad ha llegado a un punto en el que el recurso del desacato reina sobre el recurso del cumplimiento de la ley. La anarquía institucional se impone al Estado de derecho.
Un día anochecemos con la noticia de una resolución judicial que cancela los peajes de Villa y Punta Negra. Otro día amanecemos con la sorpresa de que una sola apelación judicial los restablece, dejando en el limbo a los abogados de uno y otro lado.
Las oscuras normas del crimen y de la impunidad doblan o triplican en fortaleza a aquellas otras que las combaten desde una institucionalidad policial, militar, fiscal y judicial, débil y quebrada.
La pregunta se cae de madura: ¿qué cosa en el país no pasa hoy en día por una inseguridad extrema?
Ni la esperanza histórica de elecciones libres se salva de la inseguridad. No solo por la fragmentación política que nadie ha querido revertir. También por dos cosas más: la sobreoferta electoral nubla la escasa oferta de gobernabilidad y el voto ciudadano, tan desinformado como indignado, tan emocional como irresponsable, esconde más demonios de los que uno puede imaginar.
Así de incierta e imprevisible asoma nuestra delegación de poder presidencial y parlamentario, a través de la incierta e imprevisible votación de abril y junio del 2026, delegación de poder en manos de quienes gobernarán y legislarán por los siguientes cinco años, en un horizonte igualmente incierto e imprevisible.
A propósito, resulta de veras insólito e inaceptable el desacato de la Corte Superior de Justicia de Lima a una resolución del Tribunal Constitucional que busca devolverle autoridad al Jurado Nacional de Elecciones, frente al expresidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez, que contra viento y marea legal pretende inscribir su partido Unidad Popular y ser candidato presidencial.
Si el JNE vive hoy el triste espectáculo de que sus mandatos se han vuelto revisables, contra lo que manda la Constitución, entonces las garantías del proceso electoral en marcha también podrían estar colgadas de la brocha como las resoluciones que suscribe el doctor Roberto Burneo Bermejo y como las muestras de desconfianza que aún despiertan el Reniec y la ONPE, a espera de que las reviertan pronto y no se repitan las irregularidades del 2021.
La inseguridad 4x4 se ha instalado en el Perú. Inseguridad ciudadana. Inseguridad gubernamental y legislativa. Inseguridad fiscal y judicial. Inseguridad económica y financiera. Inseguridad jurídica y constitucional. Inseguridad electoral. En fin, una acumulación de inseguridades que vuelve indefenso al país, ya de por sí tan carente de un claro y cohesionado sentido de Estado y nación.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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