Los resultados de la última prueba PISA revelan el terrible deterioro de la calidad educativa en el país. Nuestros aprendizajes han involucionado una década, al extremo de que el 60% de los estudiantes de 15 años no entiende lo que lee y el 70% no es capaz de resolver problemas matemáticos básicos. Solo el 0,5% de los estudiantes peruanos alcanzó los escalafones más altos de desempeño, contra el 12% de la OCDE. Los retrocesos son equivalentes a haber perdido un año de estudios.
Hay, sin embargo, un dato rescatable que rompe el patrón negativo: somos el único país donde la brecha de resultados entre estudiantes ricos y pobres se redujo, en lugar de ampliarse como en la mayoría de los sistemas educativos. Aun así, la condición socioeconómica de los alumnos sigue explicando el 13% de la variabilidad en las notas, una cifra alta, aunque en retroceso.
No debe servir de consuelo que casi todos los países participantes cayeran, ni que varios vecinos de la región lo hicieron peor que nosotros, pues hay excepciones notables que bien podríamos emular. Costa Rica mejoró en las tres materias evaluadas, y otras economías de ingresos medios como Turquía ahora se encuentran entre los de mejor desempeño. La prosperidad ha dejado de ser el único factor determinante en la excelencia educativa.
¿Cómo entender este descalabro? Sin duda, los efectos de la pandemia siguen resultando gravitantes, considerando que coincidió con una etapa clave del proceso educativo de los chicos evaluados, situación particularmente adversa en nuestro país debido a la suspensión total y prolongada de clases presenciales.
Otra variable transversal es el mayor uso de pantallas. Sin embargo, esta no aparece como crítica para el Perú: menos del 10% de los chicos pasa más de cuatro horas diarias de ocio digital fuera de clase (frente al 25% del promedio OCDE). Más preocupante en nuestro medio resulta el aumento de ‘bullying’ (de 9% a 16%), la caída del acompañamiento familiar en las labores escolares y el deterioro de la perseverancia y curiosidad entre los estudiantes.
El factor explicativo de mayor relevancia en el caso peruano es el desmontaje de la meritocracia docente, esquema que buscaba mejorar la calidad educativa con la adopción de requisitos y evaluaciones de ingreso y permanencia de los maestros. Cediendo a las presiones de los gremios de profesores que habían logrado una importante representación política, el Congreso pasado dinamitó ese proceso, facilitando la reincorporación de los docentes cesados por no aprobar las evaluaciones o no presentarse a las mismas.
Contrariamente a lo que se cree, no estamos necesariamente frente a un problema de falta de recursos: el gasto público en educación prácticamente se duplicó en la última década y la condición salarial de los docentes mejoró. Ciertamente, es necesario poner en valor la infraestructura escolar, buena parte de ella en pésimo estado, sin acceso a servicios básicos y altamente vulnerable a desastres. Cerrar esa brecha es necesario, pero si en paralelo no restituimos la meritocracia docente ningún otro esfuerzo brindará los frutos deseados.
Debemos por ello anteponer el bienestar de los estudiantes al de los grupos organizados que, lejos de ser aliados en la mejora de la calidad educativa, hoy aparecen como sus principales detractores. De allí la importancia del recientemente presentado Plan Nacional de Excelencia Docente, con notas mínimas de corte y capacitaciones sujetas a evaluación.
Si bien se trata de un paso en la dirección correcta, el éxito de ese esfuerzo dependerá de la capacidad que tenga el Ejecutivo para resistir las presiones políticas de aquellos que ya anunciaron su rechazo, y de que el Congreso no ceda a las tentaciones populistas para reincidir en el error que tanto daño les ha hecho a nuestros jóvenes.
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