:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/9f42d079-ca5b-4d39-a583-74aac0507e9d.png "Santiago Pedraglio")
Como parte de su mensaje a la nación al asumir el cargo el 2 de enero reciente, la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema, Janet Tello Gilardi, afirmó que “denunciar al enemigo político, al personaje incómodo, al competidor electoral, al periodista de investigación para sacarlo de carrera, desprestigiarlo o desgastar su ánimo, sin que hubiera suficientes razones para ello, constituyen prácticas vedadas y juegos maliciosos en los que ningún juez o jueza debe caer”. Planteó tal aseveración como parte de su llamado “a la unidad de juezas y jueces a fin de cerrar el paso a cualquier pretensión de instrumentalización de la justicia con fines políticos”.
Para el Colegio de Abogados de Lima (CAL), Janet Tello Gilardi está siendo objeto, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), de un “evidente acoso político […], bajo el pretexto de una cuestionable interpretación legal, en un proceso de carácter laboral”. El CAL expresa su preocupación ante el pretendido uso, para suspenderla y destituirla, de uno de los miles de fallos emitidos por la sala de la que formaba parte la jueza, en el que se habría aplicado una ley no vigente. Asimismo, resalta iniciativas suyas ya en el ejercicio de su función constitucional, como “la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, el fortalecimiento de la ley del crimen organizado, y acciones […] contra la corrupción” (13/2/2025).
En paralelo, las presidencias de las cortes superiores de justicia, en el pronunciamiento “En defensa de la independencia judicial y el respeto al debido proceso” (14/2/2025), expresan su respaldo a la doctora Tello “en su labor por defender […] la independencia judicial, la imparcialidad y el respeto al debido proceso”, junto con exigir que en ese tipo de procesos disciplinarios se respeten la Constitución (artículo 139), la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La injerencia política estimula una vez más la ruptura de la independencia de poderes, pieza angular del Estado de derecho. En similar situación se encuentra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a quien la JNJ le ha abierto un proceso a partir de una denuncia del ministro del Interior, quien ha pedido que la suspendan de su cargo mientras se resuelve el caso.
En unos pocos días, recién en el segundo mes del año, se quiere destituir o suspender a las dos principales funcionarias del Poder Judicial y del Ministerio Público. Una pésima noticia para la democracia.
