La informalidad invisible

Mientras la informalidad económica y laboral, en el mejor de los casos, contribuye, según algunos estudios, a reducir el desempleo, a incentivar la competitividad y a aportar aprendizaje a futura mano de obra calificada, la informalidad del poder político puede alterar, desviar o disfrazar decisiones, acuerdos, normas, leyes y hasta supremacías constitucionales, en suculento beneficio de terceros y en grave perjuicio del país.

PARA SUSCRIPTORES: ¿Arranca el círculo vicioso?, por Ricardo Fort y Álvaro Espinoza

Vemos, por ejemplo, cómo la informalidad del poder político convierte al Ministerio de Cultura en la caja chica informal de contratos con terceros precisamente informales, respecto de los que nadie sabe (oh misterio de la informalidad) quién efectivamente los requirió y aprobó. Vemos igualmente cómo el Congreso de la República, garante de la ley y la Constitución, puede poner al borde del abismo acuerdos de estabilidad jurídica de Estado a Estado que comprometen cuantiosas y estratégicas inversiones de largo plazo.

El daño a la economía que produce el total de vendedores informales alrededor del emblemático centro comercial de Gamarra, podría resultar benigno respecto del daño que un puñado de burócratas con mando político pueden ocasionar con solo mover los hilos de unos cuantos decretos o unos cuantos trámites, o hacerse la vista gorda de unos cuantos controles.

Esta informalidad del poder político se ha vuelto indetectable e invisible. Es tal su crecimiento e impunidad, que los mecanismos de corrupción no solo han encontrado en ella un campo fértil para desplegarse, sino una aliada perfecta. Informalidad y corrupción, de la mano del poder político, constituyen una mezcla explosiva altamente destructiva al interior del Estado.

Las lamentaciones presidenciales sobre cuánto demoran en llegar a su destino las mascarillas de emergencia sanitaria en el Estado que él maneja, las comprobaciones de que los padrones de ayuda social a los más pobres son los mismos viejos padrones usados por gobiernos anteriores con fines políticos clientelistas, y las atrofiadas estructuras burocráticas piramidales de los servicios públicos indispensables, presentan una nefasta combinación de incompetencia, informalidad y corrupción. ¿Por dónde comenzar a enfrentar el problema?

A propósito, el gran impulso inicial del proyecto Servir, destinado prácticamente a fundar y formalizar lo que sería una real y efectiva carrera pública meritocrática a lo largo y ancho del Estado, ha terminado por desvanecerse en una maraña de resistencias y rechazos, incluso en instancias judiciales. Un Estado que tuvo en un momento que emprender una acelerada privatización de empresas que venían del Gobierno de Velasco, para no seguir perdiendo dinero por el costo que representaba mantenerlos en su presupuesto, parece no caer en cuenta de cuánto más dinero pierde ahora conservando hacia adentro regímenes laborales híbridos que tienen un poco de estatales y otro poco de privados, y otro poco de ambos, y que, encima, no pueden ser reemplazos por un sistema de servicio civil único, orgánico, homogéneo y competente.

Y lo que es peor: el Gobierno y el Estado se empeñan en convocar al grueso común de la informalidad a suscribirse en la formalidad cuando ese mismo Gobierno y ese mismo Estado no solo la desincentivan, cargando sobre ella trámites y costos impositivos muy engorrosos, sino que tampoco le ofrecen la más mínima demostración de una buena prédica con un buen ejemplo; es decir, con el buen ejemplo de la formalización. Así, Gobierno y Estado acaban exhibiendo día a día en ministerios lo mismo que el comercio ambulatorio exhibe en las calles: informalidad pura y dura.

Para mayor tristeza, lo que un informal de calle, plaza, fábrica, muelle o mercado carece en ingresos y protección social, un informal del poder político ostenta de sobra, además de estabilidad económica y sentido de futuro en su vida. Informalidad de abajo e informalidad de arriba. Informalidad visible e informalidad invisible, dándose las manos.