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¿De la “lógica Villanueva” a la “lógica Zeballos”?, por Carlos Basombrío

“El discurso de 28 de julio dará más luces sobre hasta dónde está dispuesto Vizcarra a asociar el destino de su gobierno a la reforma de la justicia y a la lucha anticorrupción”.

Carlos Basombrío Iglesias Analista político y especialista en temas de seguridad

giovanni tazza

(Ilustración: Giovanni Tazza)

La crisis que se ha dado en denominar “lava juez” se ha llevado ya de encuentro al presidente del Poder Judicial, a un vocal supremo y a todo el Consejo de Nacional de la Magistratura. Viene dejando muy maltratado al nuevo fiscal de la Nación y cuestionados a dos fiscales supremos. Ha descabezado a la ONPE en pleno proceso electoral y mancha ya a un miembro del JNE.

No es poco, pero sí es cierto que hay muchos más audios, así como fotografías y videos de seguimientos policiales. Y si Walter Ríos se acoge a la colaboración eficaz, esta crisis tiene para largo y puede tener ramificaciones insospechadas.

La complejidad de una crisis de corrupción (“lava juez”) que se sube a la escena, cuando otra (Lava Jato) no termina de desplegar todas sus ramificaciones, plantea enormes interrogantes sobre la capacidad de nuestra institucionalidad para asimilarlas.

¿Con qué sistema de justicia enfrentaremos los peores escándalos de corrupción desde los ‘vladivideos’? ¿Será nuestro destino el que se ‘cambie algo, para que nada cambie’, dándole la razón a la desconfianza casi absoluta de la población frente a toda la escena pública? ¿O seremos capaces de hacer reformas profundas en la justicia y la política que hagan sostenibles nuestra democracia y nuestro crecimiento económico?

Cuando Vizcarra asume como presidente, define su gobierno como uno de provincianos que por fin hará las obras que las regiones necesitan. En el lado político, influido por su primer ministro, decide llevar la fiesta en paz y armonía con la mayoría fujimorista; algo que llevó, a muchos, a pensar que había un pacto con ellos.

Poco a poco la “lógica Villanueva” fue perdiendo fuerza. Primero con la exigencia presidencial al Congreso de que se apruebe la ley de fiscalización de cooperativas. Luego, cuando Vizcarra llama a la ley que prohíbe la publicidad del Estado en medios privados “ley mordaza”, frase especialmente dura y que su primer ministro no había usado.

El giro se hace más manifiesto desde el estallido de la crisis en la que ha adoptado una posición muy firme frente a la corrupción en el sistema judicial y ha puesto mucha presión política a la mayoría del Congreso (que inicialmente parecía más preocupada por los mensajeros) para la destitución de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.

Pero quizás el punto de quiebre ha sido el nombramiento de Vicente Zeballos como ministro de Justicia. No sé cuán conscientes han sido de que lo era, pero poner a un congresista que, virtualmente en todos los temas, ha estado en las antípodas de Fuerza Popular fue un mensaje muy fuerte. Sus declaraciones iniciales (que quizás no se repitan, pero ya todos saben qué es lo que piensa) diciendo que el fiscal de la Nación no debería haber jurado; que si el Congreso no hubiera destituido a los miembros del CNM, habría aconsejado la cuestión de confianza y nuevas elecciones; y que apoya la posible reversión del indulto a Fujimori, terminaron de dibujar su perfil.

Así, no fue raro que recibiera del otro lado respuesta inmediata y al más alto nivel. El presidente del Congreso lo ninguneó, diciendo que pensaba que Vizcarra “iba a designar a alguien de mucha experiencia y convocatoria, a alguien de peso”. El secretario general de Fuerza Popular habló de un “preocupante debut” y pidió a Vizcarra “que aclare la ruta de su gobierno”.

Hay, nuevamente, una polarización importante. El discurso de 28 de julio dará más luces sobre hasta dónde está dispuesto Vizcarra a asociar el destino de su gobierno a la reforma de la justicia y a la lucha anticorrupción.

A su favor tiene que él está “limpio” y que la gran mayoría quiere cambios y sanciones a los que no lo están. Por otro lado, que Fuerza Popular ya ha pagado un precio muy alto por su conducta política (y la de sus miembros en el Congreso), por lo que pensarán dos veces su estrategia. No es poca cosa que Keiko Fujimori tenga una aprobación de solo 17% (cuando por años navegó cercana al 40%), por debajo de Guzmán y empatada con Mendoza. De su lado, el Congreso y su presidente tienen 8% de aprobación.

Vizcarra tiene en su contra que, más allá de sus esfuerzos, la mayoría de la población ve al conjunto de las instituciones como parte del problema. Es que a la gran mayoría le cuesta distinguir entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Para muchos, “todos son los que gobiernan” y, por ende, son todos culpables.

De hecho, de acuerdo a la última encuesta de GFK, Vizcarra ha bajado de 47% en mayo a 27% en julio. Su primer ministro está en un inédito 14% y su Gabinete en 9%. Y el tema de las reformas, por más audaces y bien concebidas que puedan ser, no devolverán tan fácilmente la popularidad perdida.

Vienen tiempos intensos con resultados de difícil pronóstico.

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