En los últimos 20 años, el precio del oro se ha multiplicado casi diez veces: en el 2001, la onza se cotizaba en cerca de US$270; ahora, en US$2.200. Esto ha revolucionado las modalidades de extracción, su amplitud territorial y la intensidad de la mano de obra implicada.
Si antes del aumento explosivo del precio del oro la producción informal –en zonas permitidas, pero sin autorización ni cuidados– y la ilegal –en zonas con actividad minera prohibida– se concentraban en determinados territorios, ahora operan en múltiples regiones. Hay, por ejemplo, un dramático impacto de la minería ilegal en la Amazonía, entre las comunidades awajún del Cenepa (Ojo Público, 17/3/24). Si hasta hace unos años estaban separadas de las zonas de explotación de las empresas formales, ahora su cercanía es creciente y presionan sobre las concesiones de estos grandes productores (José de Echave, RPP, 18/3/2024).
Las actividades mineras informales e ilegales están engrosando fortunas. En paralelo, han conquistado un importante peso político en regiones, provincias y distritos, un empoderamiento que se expresa en el propio Congreso de la República.
Tampoco puede soslayarse su impacto económico en sectores más amplios de la población. Según el INEI (2022), los departamentos con menor pobreza monetaria son Ica, Moquegua, Madre de Dios y Arequipa. ¿Cómo logra Madre de Dios ser la tercera región con menor pobreza monetaria? No hay más explicación que la minería ilegal y la informal. Lo penoso es que también tiene la mayor brecha relacionada con bienestar.
No es fácil saber qué hacer frente a la gravedad y lo complejo del problema. No obstante, como afirma Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, ya es momento de abrir el debate (El Comercio, 28/3/24).
Es fundamental, para comenzar, distinguir la minería ilegal de la informal. Será positivo promover el diálogo entre el Estado, los empresarios formales y los informales con voluntad de dejar de serlo. Combatir la criminalidad en el sector es otra tarea urgente. El Estado debe apoyar con todo a los pueblos organizados que se resisten a la minería ilegal, como los awajún. No bastan iniciativas aisladas como declarar estados de excepción.
Como sostiene el economista José de Echave, es necesario, asimismo, detener la especulación con las concesiones. Al Estado le cabe tener una estrategia clara, políticas y programas –con presupuesto– que incentiven la formalización. Tendría que ‘mudarse’ a los territorios amenazados, junto con promover acuerdos de colaboración con los países amazónicos y de corresponsabilidad con los países compradores de oro.
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