Legislando para la mafia

A través de una norma ‘express’, el Congreso derogó la semana pasada una disposición que permitía a la policía intervenir a aquellos supuestos mineros informales, con registro suspendido ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que usaban nada menos que materiales explosivos.

No solo eso, los ‘representantes del pueblo’ también eliminaron los plazos que había impuesto este gobierno para acelerar la formalización de aquellos que, habiéndose acogido al Reinfo, tenían la inscripción suspendida o no habían presentado documentos que les permita explotar áreas concesionadas a terceros. En buen castellano, el Congreso destruyó en un día el intento de este gobierno por regular una actividad ilícita directamente relacionada con el crimen organizado. Asumiría entonces que el Ejecutivo observará la norma, pero, realmente, nunca se sabe.

Todo esto evidenciaría –disculpen el condicional, pero uno tiene que protegerse de las mafias– la penetración absoluta de la minería ilegal e informal en el Congreso de la República. De otra manera no puede explicarse la velocidad y votación obtenida. El tema se introdujo de un momento a otro y se lograron 79 votos de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial, Avanza País, Acción Popular, Perú Bicentenario y Somos Perú.

El detalle del impacto de esta actividad ha sido bien explicado por gremios, especialistas y el editorial de este Diario. Como resumen, vale decir que esta megaindustria ilegal mueve más de cuatro mil millones de dólares al año (más que el narcotráfico), ‘alimenta’ a todo tipo de mafias, incluida la trata de personas, sicariato, extorsión y crimen organizado e impacta en el bolsillo de alrededor de un millón de personas.

Pese a que es uno de los temas más relevantes a nivel político, económico y social, se sabe muy poco, al menos a nivel de opinión pública, de cómo operan estas mafias y cuáles son sus ramificaciones en la política distrital, provincial, regional y nacional. No hay forma de que una industria que mueve esa cantidad de recursos no esté ‘representada’ en diversos estamentos del Estado.

El tema vuelve a la agenda cada vez que hay una matanza (recordemos el acto terrorista ocurrido hace unos meses en Pataz, donde nueve personas fueron asesinadas), o cuando se vence algún plazo de formalización y el Congreso, como en varios otros temas, se aboca a destruir en lugar de construir políticas públicas.

No hay que ser experto para darse cuenta de que es necesario regular a la minería informal, reconocer algunas situaciones que no son necesariamente las óptimas y darles un camino hacia la formalidad. En esa línea, también es necesario combatir, con todo el poder del Estado (incluido el uso de la fuerza), a los ilegales y mafiosos.

El problema es que había una ruta diseñada, ciertamente mejorable, pero, como ocurre con tantos temas, nuestra inestabilidad (seis presidentes en lugar de dos) y la penetración de las mafias en la política hacen que casi nunca concretemos nada y demos vueltas sobre lo mismo durante décadas.

Nadie quiere enfrentar los problemas ni tiene el capital político para hacerlo. Entonces vamos por amnistías, derogaciones, prórrogas y así terminamos con un rumbo firme hacia la nada o, lo que es peor, hacia el caos.

¿Hay algo que se pueda hacer? Dejo el tema minero para los expertos. En cuanto a lo político, debe destacarse el grave daño que se generó al sistema con la eliminación del financiamiento privado (de personas jurídicas) a organizaciones políticas realizado en el 2017. Sin mayor discusión ni debate y basados en recetas ajenas a nuestra realidad, se decidió eliminar por completo la posibilidad de financiamiento privado a los partidos políticos por empresas nacionales. Me refiero al financiamiento transparente y público. Ojo, el Perú es uno de los pocos países en la región y en el mundo que prohíben por completo ese tipo de financiamiento.

¿Qué ocurre entonces? Los políticos igual se financian porque las campañas cuestan y muchas veces las ‘lealtades’ también. ¿Cómo? Con el dinero de los ilegales de la minería, pesquería, tala, entre otros mercados ilícitos, incluido el narcotráfico. Igual hay financiamiento privado, pero este no es legal ni transparente.

La izquierda y ciertos sectores cercanos a esta buscan estigmatizar a la empresa privada como malvada, abusadora y corrupta. Meten a todos en el mismo saco y la consecuencia es que los mafiosos parecen ser los titiriteros del Congreso. Los formales que pagan sus impuestos, que tienen intereses legales y legítimos en el país (generar trabajo, pagar impuesto y por supuesto ganar dinero) no pueden apoyar a ningún partido. Pero los asesinos, corruptos y mafiosos, sí. Hay algo mal diseñado que debe cambiar.