El ministro de Justicia debe “velar por la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”. Así lo señala la ley de organización y funciones (Ley 29809).
En ningún caso es tarea del ministerio corregir las decisiones judiciales. En un Estado de derecho eso es, obviamente, inadmisible.
Uno de los principios fundamentales del Estado de derecho es la separación de poderes. El juez es el que administra la justicia, según la ley y la Constitución. El juez, no el ministro de justicia.
El actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quiere decirles a los jueces cómo resolver sus casos. La controversia surge a partir de la aprobación por el Congreso de la ley de amnistía. Esta ley no discrimina entre quienes lucharon contra la subversión con métodos legítimos y quienes lo hicieron a través del delito.
El juez Leodan Cristóbal Ayala decidió no aplicar la ley de amnistía en el caso de la masacre de Chumbivilcas. En ese caso se procesa a militares por delitos de tortura, violación y abuso de autoridad.
En 1990 militares detuvieron, torturaron y dinamitaron a campesinos de los que sospechaban que eran terroristas. Hubo, además, violaciones sexuales y desapariciones forzadas.
Al ministro de Justicia le molesta que el juez no haya querido aplicar la ley de amnistía en este caso.
“Los policías y militares que están siendo juzgados –ha declarado Santiváñez– muchos llevan sus procesos 40 años, son personas que se fajaron por el Perú”.
Los años que tardó la justicia se deben a las protecciones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y a los cambios durante el gobierno de Toledo. No son 40 años de justicia, sino 40 años de política interviniendo en la justicia.
El ministro de Justicia ha amenazado a los jueces por inaplicar la ley de amnistía. Ha dicho que iniciará acciones legales contra los jueces que “no resuelvan conforme a nuestro marco jurídico”.
Santiváñez confunde norma legal con marco jurídico. Porque según el marco jurídico el juez no puede aplicar leyes inconstitucionales. La ley de amnistía claramente lo es.
Una cosa es la legislación y otra, muy distinta, el derecho. El derecho nos protege de la mala legislación.
Un ministro de Justicia que amenaza a los jueces no es un defensor del derecho ni del marco normativo. Es un defensor de ciertos procesados. En este caso, de los acusados de realizar una de las más bárbaras masacres en el Perú.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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