Uno de los principios fundamentales de la economía es que no hay lonche gratis. Ello significa que todo tiene un costo. Si tú estás recibiendo un bien o un servicio y no lo estás pagando, alguien más lo está haciendo por ti.
El populismo que ha invadido Latinoamérica y sus políticas de bonos y subsidios son un ejemplo de ello. Regalan con dinero del Estado sin rendir cuentas. Para ello, rompen reglas fiscales, gastan los ahorros fiscales y se sobreendeudan. En el caso peruano, para cubrir el presupuesto del 2022, el Gobierno ha solicitado un endeudamiento por US$1,6 mil millones y S/35 mil millones. Además, los S/103 mil millones de activos del sector público deberán ser transferidos a la cuenta del Tesoro Público antes del 31 de marzo del 2022. Los ahorros fiscales, como en el caso de los ahorros de cualquier persona, tienen como objetivo servir de protección para épocas de crisis. Al Perú le tomó años de una política económica responsable lograr ese ahorro fiscal y el gobierno de Pedro Castillo piensa dilapidarlo en los próximos meses.
La izquierda lleva muchos años impulsando la lucha de clases y el odio de los trabajadores a los empresarios, pero olvida que el empresario –micro, pequeño, mediano y grande– es el único generador de riqueza en un país. La riqueza se genera a través de la inversión. Sin un empresario que tenga una idea, invierta su dinero y saque adelante un emprendimiento, no hay ingresos para el Estado –impuestos– ni trabajo de calidad para los peruanos.
El Gobierno ha anunciado la nacionalización del gas de Camisea. Ello no solo no tiene un sentido económico: una posible expropiación le costaría miles de millones de dólares al país, sino que, además, el 65% de las utilidades de Camisea ya van al Estado Peruano. La nacionalización es una de las tantas políticas de izquierda que, cuando se implementan, generan un daño enorme a la economía y un retroceso de décadas al país.
Por otro lado, Verónika Mendoza ha propuesto una reforma laboral “con y para los trabajadores” olvidando que el régimen laboral peruano es uno de los más costosos, lo que genera un desincentivo para la contratación formal de largo plazo. De hecho, uno de los factores que explican la informalidad laboral peruana está en la legislación. El 75% de los trabajadores en el Perú se desarrolla en el mercado informal. No pueden ser absorbidos por el mercado formal por su poca productividad y el alto costo de la contratación. Sí, se requieren reformas, pero para hacer que el mercado laboral sea más ágil, no para encarecerlo estableciendo derechos solo para el 25% de los empleados formales e impidiendo el acceso de la mayoría de peruanos a empleos de calidad.
La segunda reforma agraria ha sido creada de espaldas a los agroindustriales y no deja de ser una suma de buenos deseos, muchos de los cuales ya se vienen implementando, y políticas equivocadas que ya demostraron ser fallidas. Sin asociaciones, semillas mejoradas e integración en cadenas productivas, el campo no saldrá adelante. Asimismo, desperdiciaremos miles de millones de dólares, nuevamente.
La inestabilidad generada por el Gobierno, a través de la afectación de los intereses de las empresas privadas, ha generado que el BCR estime que el crecimiento de la inversión privada para el 2022 será de 0%. No habrá inversión privada y, con ello, no se generarán nuevos puestos de trabajo. Más aun, el dólar ha llegado a cifras récord, lo que tiene un impacto directo en el alza de precios. La inflación afecta en mayor medida a los más pobres del país, haciendo que cada vez el dinero que tienen en el bolsillo pueda comprar menos. El Gobierno, cuyo lema es “No más pobres en un país rico”, está esmerándose por hacer más pobres a los pobres.
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