Nueva crisis institucional (2)

Continúo sobre la crisis en el Ministerio Público. No es sencillo orientarse en ese debate; uno encuentra diferentes interpretaciones, muchas claramente alineadas a sectores con intereses e identidades políticas definidas. Más allá de eso, Delia Espinoza cuenta con el respaldo crucial de la Junta de Fiscales Supremos, órgano que la eligió; además, de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Por el contrario, Patricia Benavides es respaldada por la JNJ y un sector significativo del Congreso. Si bien Benavides no logró ser reincorporada a la fecha ni como fiscal suprema ni como fiscal de la Nación, la Junta logró la reincorporación del destituido Tomás Gálvez, lo que sugiere que a la larga Benavides logrará cuando menos un reconocimiento similar.

Es complicado dirimir controversias jurídicas con trasfondos políticos tan marcados. Recientemente, en Argentina la Corte Suprema confirmó la sentencia de la expresidenta Cristina Fernández por delito de corrupción. Fernández alega ser víctima de una persecución política, mientras que para sus adversarios se trata simplemente de la sanción que corresponde por los delitos cometidos, en una muestra de autonomía del sistema de justicia. El fallo puede ser materia de debate y de crítica, pero no se cuestiona su cumplimiento. Los sistemas de justicia tienen fallas clamorosas en todos nuestros países, pero los intentos de reestructuración, si no se basan en un consenso amplio, en realidad encubren intentos de control de carácter autoritario, como sucede en el México actual.

Para ubicarse en este debate resulta útil mirar el contexto político. Nuestro sistema de justicia se presenta como un campo fragmentado y heterogéneo, en el que conviven islas de excelencia con otras de gran mediocridad, y hasta de degradación y corrupción; operadores que manejan lógicas activistas y principios progresistas, y otros tradicionalistas y conservadores; sectores con vínculos con investigados, procesados y condenados por la comisión de diversos delitos, a su vez con múltiples conexiones políticas, y otros más autónomos, lo que no los exime de cometer clamorosos excesos y arbitrariedades en su búsqueda por sanciones. Al mismo tiempo, está claro que el Congreso abandonó una lógica en la que en nombramientos claves se buscaba cierto equilibrio y transacción entre sectores con inclinaciones diversas, para pasar a la construcción de una mayoría en la que prima la lógica de la defensa de los derechos y garantías para los procesados y condenados (por decir lo menos), antes que la persecución de los delitos. Y esto incluye la descalificación e inhabilitación de los adversarios políticos.

Así, sectores sobre los que penden acusaciones graves de inconductas optan por politizar sus defensas y ampararse en el respaldo de la mayoría congresal, que no tiene ciertamente las credenciales para encabezar una reforma del sistema de justicia. Con todo, más allá de las controversias jurídicas, un elemental realismo político sugiere que lo razonable es dejar de lado posturas extremistas que buscan escalar el conflicto politizándolo aún más (esgrimiendo la amenaza de acusaciones contra los miembros de la JNJ o contra la Junta de Fiscales Supremos). El Ministerio Público tiene el desafío de resolver sus controversias con los mecanismos institucionales establecidos para resolverlos, y con un mínimo realismo: precisamente por la fragmentación y heterogeneidad del campo en disputa, los diferentes sectores están forzados a llegar a algún tipo de transacción que evite un mayor deterioro institucional.