Han transcurrido tres años desde que el Perú inició el camino para incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A partir de la presentación del memorándum inicial en junio del 2023, las instituciones nacionales han venido trabajando de manera articulada para atender las revisiones temáticas que la OCDE realiza a los países candidatos. Este esfuerzo constituye un compromiso de Estado que trasciende coyunturas políticas y reafirma la determinación del Perú por promover un desarrollo inclusivo bajo los más altos estándares internacionales.
La adhesión a la OCDE representa, en ese marco, una oportunidad histórica para nuestro país, debido a que requiere un proceso de modernización institucional que busca alinear nuestras políticas con las mejores prácticas globales y consolidar reformas orientadas a fortalecer la integridad en la gestión pública, mejorar la calidad de los servicios al ciudadano y promover un crecimiento más inclusivo que genere bienestar y seguridad a la población.
En esa dirección, el 29 de setiembre pasado, durante su visita a Lima para presentar el Estudio Económico de la OCDE 2025 sobre el Perú, el secretario general Mathias Cormann destacó los avances del país en materia de estabilidad macroeconómica, políticas sociales y fortalecimiento institucional. Señaló que el país puede reforzar las bases para el crecimiento a largo plazo mejorando las condiciones de la fuerza laboral, impulsando el acceso de las pequeñas empresas al financiamiento, fomentando la creación de empleo formal y acelerando la adaptación climática.
Estas capacidades resultan aún más relevantes en un contexto internacional caracterizado por una interdependencia sin precedentes, en el que los desafíos globales –como el cambio climático, la digitalización, la seguridad o la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional– exigen respuestas colectivas y articuladas.
La OCDE es quizás el más claro ejemplo de coordinación productiva, progresiva y sostenible en el mundo actual: son 38 países miembros de América, Asia, Europa y Oceanía, que evalúan mutuamente sus políticas en materias como gobernanza pública, comercio, inversiones, asuntos fiscales, política ambiental, integridad, trabajo, educación y salud, entre otros ámbitos. Ese intercambio constante produce mejores políticas públicas, respaldadas por evidencia comparada y por el aprendizaje acumulado de distintas realidades nacionales.
Asimismo, la OCDE promueve la participación de actores privados y de la sociedad civil en sus órganos consultivos, lo que refuerza el carácter inclusivo del proceso. Así, la intervención de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas en el Comité Consultivo Empresarial y de la Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú en el Comité Sindical de la OCDE permite incorporar una amplia diversidad de intereses y visiones en el diseño de las reformas.
La larga trayectoria de la organización –realizando evaluaciones comparativas de políticas e intercambios de buenas prácticas, incorporando el enfoque de evidencia y el aprendizaje entre pares– ha significado un valioso activo para los países miembros y candidatos. En un escenario global marcado por la incertidumbre geopolítica, el cambio climático y las amenazas globales, la adhesión a la OCDE es la alternativa más confiable y segura para institucionalizar nuestras políticas públicas y garantizar el fortalecimiento institucional que el país necesita.
Como expresó el presidente del Consejo de Ministros en su discurso inicial ante el Congreso de la República, el gobierno de transición y reconciliación nacional asume como una prioridad fortalecer el vínculo del Perú con la OCDE, y avanzar en el proceso de adhesión, para que la próxima administración pueda concretar su incorporación a esta organización y aprovechar plenamente sus beneficios.
Este proceso, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros y acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con las demás instituciones del Estado, representa el compromiso nacional para afianzar una visión de largo plazo sobre el desarrollo nacional y proyectar al país hacia el futuro con instituciones más sólidas, una economía más competitiva y un Estado más confiable.
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